El mayor temor al que se enfrenta el Open Arms: una multa de 900.000 euros
El buque, de bandera española, no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central
Madrid - Publicado el - Actualizado
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La ONG Proactiva Open Arms podría enfrentarse a una multa de hasta 901.000 euros por haber retomado los rescates en el Mediterráneo, tal y como advirtió el Gobierno español a la ONG en una carta el pasado mes de junio. Así se reflejaba en una carta remitida el pasado 27 de junio al capitán del barco, y firmada por Benito Núñez Quintanilla, el director general de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento.
En la misiva, la Marina Mercante avisaba al barco de las "infracciones" que implicaba su "pretensión de retomar rescates", después de que la ONG decidiera poner rumbo de nuevo al Mediterráneo central para rescatar a personas a la deriva, a pesar de que solo cuenta con la autorización de proporcionar ayuda humanitaria. El buque, de bandera española, no tiene permitido navegar ni realizar búsquedas activas en la zona SAR de salvamento y rescate del Mediterráneo central. Así se lo recordaba el Gobierno al capitán del Open Arms en la comunicación enviada. Si bien, precisaba que las operaciones de salvamento que fueran "de carácter espontáneo u ocasional con motivo de la navegación normal del buque" estarían sujetas al cumplimiento de la normativa sobre salvamento marítimo. Es decir, si el barco durante su trayecto encontraba a personas "en peligro" en el mar, debería asistirlas.
En dicha carta, la Marina Mercante también advertía al buque de que le podría "ser ordenado su regreso a puerto español para hacer efectiva la paralización" en el caso de que persistiera en la conducta "de acometer operaciones de búsqueda y salvamento sin dar cumplimiento a lo exigido normativamente". Asimismo, avisaba de que los incumplimientos constituirían "infracciones contra la seguridad marítima o la ordenación del tráfico marítimo", que pueden sancionarse "cada una de ellas con multas de hasta 901.000 euros o 300.000 euros, respectivamente", con arreglo al texto refundido de la Ley de Puestos del Estado y la Marina Mercante. Además, la Marina Mercante advertía al capitán de que si cometía infracciones "graves o muy graves contra la seguridad marítima" se podría declarar la suspensión del título profesional español.
Este miércoles 21 de agosto, un día después de que la Fiscalía italiana ordenara el desembarco en Lampedusa de los 83 migrantes que seguían a bordo del Open Arms tras 19 días a la deriva, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, no ha descartado que se le impongan sanciones al Open Arms. "Nuestro país es un estado de derecho y las instituciones, poderes públicos y ciudadanos estamos sometidos todos a las leyes, nadie está a salvo de esto, incluido un barco", ha explicado Carmen Calvo en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press. Vox denunciará además ante la Fiscalía al Open Arms por "favorecer la inmigración ilegal".
TRANQUILIDAD EN LA ONG
De momento, Proactiva Open Arms no tiene abierto "el más mínimo procedimiento penal" en contra de algún miembro de esta ONG y la incautación del buque por orden de un fiscal italiano obedece simplemente a efectos probatorios. Lo ha señalado el abogado de esta ONG, Jaime Rodrigo de Larrucea,en un vídeo difundido por la organización que dirige Oscar Camps, en el que también aclara que, muy al contrario, la investigación se ha abierto en Italia a instancias suyas y se dirige contra funcionarios o autoridades públicas de dicho país.
"La orden de la FiscalÍa de Agrigento más allá de señalar la inmediata liberación de los refugiados lo que impone es un secuestromeramente probatorio del Open Arms", ha especificado Rodrigo, que ha recordado que el fiscal tan solo tuvo una hora para inspeccionar la nave y entrevistarse con los migrantes rescatados. De ahí que el fiscal haya ordenado paralizar el barco y en las dos semanas que está previsto que el Open Arms permanezca en Italia pueda recuperar los documentos del buque, las pantallas del rádar olos registros informáticos.
"En estos momentos no existe el más mínimo procedimiento penal contra ningún miembro de Open Arms y la retención del barco es simplemente a efectos probatorios", ha abundado.