Nuevo retraso para la reforma de la ley mordaza, esta vez por la covid

La reunión de la ponencia que debía retomar este miércoles los trabajos para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, se ha tenido que suspender debido a que varios de sus miembros están contagiados de covid.

Fuentes parlamentarias han informado a Efe del aplazamiento de esta reunión que la ponencia fijó antes de Navidad con el objetivo de agilizar en el mes de enero la reforma de la polémica norma, en vigor desde 2015.

Pese a los votos en contra de PP y Vox, la mayoría de grupos respaldaron que la ponencia comenzara definitivamente a analizar las enmiendas al proyecto los tres miércoles posteriores a Reyes, es decir, el 12, el 19 y el 26 de enero a partir de las 11:30.

Este es el calendario inicial que se estableció y que se ha visto de nuevo alterado por la covid, ya que varios diputados se encuentran de baja.

El pasado 10 de noviembre la mesa del Congreso decidió poner punto y final al plazo de enmiendas -había habido 40 prórrogas desde noviembre de 2020-, de forma que se conseguía desatascar la reforma avalada pro la mayoría del Congreso.

En total, los grupos tienen pro delante estudiar en la ponencia casi un centenar de enmiendas, si bien PSOE y UNidas Podemos presentaron un documento conjunto con más de 40 modificaciones contra las que han protestado en la calles agentes de todos los cuerpos policiales, al consideran que la reforma les deja "indefensos".

Centran sus críticas en cinco puntos o enmiendas pactadas por los socios de Gobierno: la toma y difusión de imágenes a los agentes en la calle, la veracidad de su testimonio, el material antidisturbios, el protocolo de identificaciones en dependencias policiales y las manifestaciones espontáneas.

Desde el Ejecutivo no comparten el diagnóstico que plantean los agentes que, convocados por sindicatos y asociaciones, protestaron a finales de noviembre.

Fuentes gubernamentales señalan a Efe que las modificaciones que están sobre la mesa adaptan la ley a resoluciones judiciales relacionadas con la protección de todos los derechos y libertades en su conjunto y, en especial, los de expresión y manifestación.