Ortega Smith no se presenta a la conciliación con la Asociación 13 Rosas
La asociación reclama al líder de Vox retractarse a través de una publicación en los mismos medios y al pago de una indemnización de 10.000 euros
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El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, no ha acudido este viernes al juzgado donde se ha celebrado el acto de conciliación con la asociación 13 Rosas de Asturias que le demandó por sus comentarios sobre las jóvenes fusiladas en 1939. Hasta el juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid ha acudido solo la abogada de Ortega Smith.
Antes de la celebración del acto de conciliación, el abogado de la asociación 13 Rosas, Eduardo Ranz, ha recordado que "la ofensa no es solo a las treces rosas sino al recuerdo de todas nuestras abuelas". Para la asociación es "bastante triste" que Ortega Smith "persevere en el error", por lo que seguirán en la línea de exigir una rectificación de "una falsedad, de una difamación". En caso contrario, han explicado, presentarán una querella penal ante el Tribunal Supremo, dada la condición de aforado del diputado.
Las declaraciones del dirigente de Vox realizadas el pasado octubre en el programa "Los Desayunos de TVE" se enmarcan, en palabras de Ranz, en "el estilo de la extrema derecha europea". "No estamos dispuestos a que queden impunes", ha enfatizado el letrado antes de reiterar que, de no producirse un acuerdo, intentarán sumar fuerzas en el Supremo con otra denuncia presentada previamente ante la Fiscalía.
A ojos de Constancia Page, sobrina de Dolores Conesa, una de las mujeres ejecutadas, la asociación no persigue impedir la libertad de expresión sino "dejar claro lo que siente cualquier familiar de una víctima del franquismo cuando por fin exhuma un cadáver y puede darle una sepultura digna". "El humor es lo que toca cuando no se tienen otros argumentos", ha zanjado la familiar de una de las víctimas fusiladas el 5 de agosto de 1939 en el cementerio madrileño de La Almudena.
En la demanda reclaman que se condene a Ortega Smith a retractarse a través de una publicación en los mismos medios, al pago de una indemnización de 10.000 euros -que donarían a un colectivo relacionado con la memoria histórica- y a cinco días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.