Los másteres, nueva pesadilla de la clase política
Montón se une a la nómica de Cifuentes y Casado en las irregularidades con los estudios y formaciones de posgrado
Madrid - Publicado el - Actualizado
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Las presuntas irregularidades en un máster sobre estudios de género de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, se suman a la lista de polémicas por estudios cursados -o no- por políticos, que tienen como denominador común la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que se investigan en sede judicial.
Eldiario.es publicó este lunes que la ministra obtuvo un máster "plagado de irregularidades" en el curso 2010/2011, ya que superó con nota la mitad de las asignaturas sin asistir a las clases y sin tratar con los profesores, pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses más tarde y la fecha del título no coincide con el expediente.
Montón, que entonces era portavoz de Igualdad del PSOE, obtuvo el título en el instituto universitario dirigido por Enrique Álvarez Conde, imputado por presunto trato de favor en los cursos de postgrado del líder del PP, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.
Además, la directora del máster que cursó Montón era Laura Nuño, imputada por las irregularidades en el máster de Cifuentes y que, precisamente hoy, está citada a declarar en el juzgado.
Cristina Cifuentes dimitió el 25 de abril después de casi un mes en el que había defendido la legalidad de su máster y había sostenido que cumplió todos los requisitos para obtener esa titulación.
El 21 de marzo eldiario.es publicó que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid había obtenido un máster en Derecho Autonómico en 2012 con notas falsificadas.
Catorce personas están imputadas en el "caso Cifuentes", la mayoría de ellos profesores del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde.
En cuanto a Pablo Casado, la jueza titular del juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que instruye el caso de Cifuentes, abrió una pieza separada respecto a su máster a mediados de mayo y el 6 de agosto decidió dar traslado del asunto al Supremo al tratarse de una persona aforada.
La jueza, que mantiene imputadas a siete personas en esta pieza, considera que existe "indiciaria responsabilidad penal" del líder del PP y le atribuye presunta prevaricación administrativa y cohecho impropio.
Casado aprobó el máster de Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) en 2008-2009 tras cursar solo cuatro de las 22 asignaturas gracias las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que realizar cuatro trabajos de unos 90 folios para obtener este título de posgrado, sin ir a clase ni presentar un Trabajo de Fin de Máster (TFM), cuando era diputado autonómico.
Otro cuya formación académica estuvo en entredicho es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, otrora número dos de Pablo Iglesias, por la beca de investigación en la Universidad de Málaga.
El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad era para el estudio 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda' financiado por la Junta andaluza y se estipuló un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales. Fue suspendido provisionalmente de empleo y sueldo por incumplir ese contrato como investigador externo tras la apertura del expediente a finales del 2014. Para su puesto se fijó un perfil que exigía ser doctor en Ciencias Políticas y a la convocatoria únicamente concurrió Errejón, que ganó el contrato en marzo del 2014.
La Universidad de Málaga abrió un expediente a Errejón para determinar si incumplió su obligación laboral cuando participaba en un proyecto investigador y si vulneró la Ley de Incompatibilidades.
En el caso de Errejón se planteó la inhabilitación para trabajar en la Universidad de Málaga en proyectos investigadores de similares características al que motivó el expediente.
El Juzgado de Instrucción 13 de Málaga ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones contra el exsecretario de Política de Podemos.