La fundada pregunta de Rosa Díez que preocupa a Iglesias por la ‘caja B’: “¿Y si un juez disuelve Podemos?”

El ‘caso Dina’, su presunta financiación ilegal, subvenciones gastadas en conceptos deferentes de para los que se recibieron, la supuesta ‘caja B’, son sólo algunos de los frentes que, a día de hoy tiene abiertos Podemos, la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y que, según muchos, parece ser sólo la punta del iceberg.

El partido que venía a regenerar la vida política española, según han defendido desde que nacieron allá por 2014, debe de dar muchas explicaciones no sólo a sus votantes, muchos de los cuales comienzan ya a sentirse engañados, sino también ante el juez, pues parte de su cúpula ha sido ya citada a declarar, en condición de investigados, por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, en la causa abierta por malversación de caudales públicos, tras la denuncia del ex abogado de la formación morada, José Manuel Calvente.

A todo esto hay que sumar el juez también ha imputado a Podemos como persona jurídica, por lo que el horizonte que se le presenta al partido de Iglesias está lleno de nubarrones muy, muy negros.

Esta última circunstancia, la imputación de un partido como persona jurídica, es posible, como ha recordado este miércoles, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Díez, gracias a una enmienda que introdujo UPyD, estando presidido por la propia Díez, en la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Gobierno del popular Mariano Rajoy en 2012, por la que “los partidos políticos pueden ser juzgados por corrupción”. Una enmienda que fue presentada ‘in voce’ durante el debate parlamentario y que el Gobierno del PP aceptó, mientras que, como ha recordado la propia ex diputada nacional, “el PSOE votó en contra”.

La fundada pregunta de Rosa Díez que preocupa a Iglesias

Rosa Díez hace, además, una pregunta muy curiosa: “¿Y si un juez disuelve Podemos?”. Pero, ¿por qué plantea esta cuestión la colaboradora de ‘Herrara en Cope’?. El motivo es muy sencillo. En aquella reforma del Código Penal, partidos y sindicatos, que hasta ese momento estaban exentos de responsabilidad penal, pasaron a tener que responder por los delitos que cometiesen sus órganos de administración o personas “bajo su autoridad” sobre los que no se haya ejercido “el debido control”.

De esta manera, si un dirigente de una organización política cometiese malversación, esa organización no solo podría ser disuelta por orden judicial, sino que, además, puede condenada a una multa que podría ser de hasta cuatro veces la cantidad defraudada por el sujeto condenado, lo cual iría en función de la gravedad de la pena de cárcel impuesta.

La organización política condenada también podría sufrir la clausura de sus locales por un máximo de cinco años, la suspensión de sus actividades, al tiempo que perdería derechos como la obtención de subvenciones o ayudas públicas o los beneficios fiscales, entre otros.

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