Prórroga del estado de alarma sin sentido

La prórroga del estado de alarma en sí no tiene sentido, dicen a COPE varios juristas. Y menos en estos momentos, en fase de desescalada. Los 30 días que pretendía Pedro Sánchez les parece un disparate, y estos 15 consideran que no hacen falta. Con la prórroga hasta el 7 de junio iríamos camino de los 90 días, superando con creces el plazo del estado de excepción, que es un paso más que el de alarma, y con ampliación incluida se limita a 60 días. No les parece lógico.

Ante una situación tan excepcional como ésta lo que es determinante, o debería serlo, es el control al Gobierno. Es una garantía para los derechos de los ciudadanos. El catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro del Consejo Directivo de Transparencia Internacional España, Manuel Villoria, alerta del peligro que existe para la democracia cuando se da tanto poder a un gobierno. Y el riesgo es que se reduzcan los controles al Gobierno y se elimine la transparencia. Da lugar, puede dar lugar, a abusos de poder, despilfarro o corrupción.

“En estas situaciones tan difíciles, los propios gobiernos deben reforzar la transparencia, dar cuenta para eliminar cualquier sospecha, dar información continua a los ciudadanos”. Es el momento de más transparencia y de establecer vías para que participen las Comunidades Autónomas, incluso los ciudadanos, dice el catedrático Villoria. El Portal de Transparencia, señala, debe mantenerse con información clave y detallada de cara a la pandemia.

A día de hoy, seguimos sin conocer, oficialmente, los nombres del comité de expertos. Y de algunas noticias nos enteramos directamente por el BOE porque el Ejecutivo no informa de todo. Y el BOE no lo lee todo el mundo, aunque estos días puede haber más interés en hacerlo.

Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, insiste desde hace semanas en que no es necesaria la prórroga del estado de alarma. “Se puede solventar con la legalidad ordinaria”, destaca. “Aunque la situación sea extraordinaria nuestra legislación con la Ley General de Sanidad, la de Protección Civil o la de Seguridad nacional, permite afrontar el problema, teniendo en cuenta a las Comunidades Autónomas”. Y se refiere, además, al anuncio que hizo la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la presentación de leyes ordinarias de cara al otoño sin necesidad de estado de alarma.

En la misma línea que el profesor Berzosa se manifiesta el abogado Rafael Abati, uno de los juristas que firmó la queja presentada ante el Defensor del Pueblo sobre el estado de alarma. Considera que la prolongación no es indispensable. La legislación existente es suficiente y si es necesario se pueden hacer modificaciones y que se aprueben en el Parlamento. Destaca, además, que con el estado de alarma “se han suspendido derechos fundamentales como la libre circulación, lo derechos de reunión y manifestación y la tutela judicial efectiva al haberse desactivado, prácticamente, el funcionamiento de la Justicia”.

Para Abati, “una prolongación tan larga es incompatible con la excepcionalidad. Lo que permanece en el tiempo deja de ser excepcional y lo que deja de ser excepcional no puede ser regulado por una legislación de excepción, como es el estado de alarma”. La excepcionalidad no puede convertirse en algo normal, señala. Es peligroso, dice el abogado, porque se traslada la idea de que es más eficaz un gobierno centralizado con controles debilitados. Las garantías de los ciudadanos se quedan aisladas. Considera que no puede eternizarse y hacerse permanente. Es necesario, dice, reactivar la normalidad constitucional cuanto antes.