Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del 'procés'

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern --incluido él mismo-- por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el 'procés'. No se ha especificado la forma en la que declarará.

En la audiencia previa celebrada este viernes, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, ha acordado la testifical de Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente --a cargo de Gonzalo Boye--, sino de otra de las partes como elemento de prueba de cara al juicio.

Fuentes del órgano fiscalizador han precisado a Europa Press que la normativa del tribunal no permite a la consejera acceder a que un abogado llame a declarar a su defendido. En este caso, como otra de las partes ha pedido la comparecencia de Puigdemont, la consejera ha aceptado que éste declare. Así, el expresidente catalán declarará en calidad de testigo y no de demandado.

Por su parte, la consejera ha rechazado la solicitud de que el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro comparezca en el juicio. El abogado de Puigdemont ha pedido su citación toda vez que "certificó la corrección de las cuentas públicas". La consejera ha dicho que "no es pertinente ni necesaria".

Al margen, se ha pronunciado sobre otras peticiones de prueba. Ha accedido a preguntar a la Generalitat de Cataluña si se abonaron una serie de facturas para acreditar la "inexistencia de daño" que alegan las defensas.

Rechaza suspender el procedimiento

En el marco de la vista, la consejera ha desestimado el argumento de la defensa de Puigdemont de que el procedimiento debe suspenderse por su inmunidad como eurodiputado. "No estamos en un procedimiento sancionador, no estamos planteando ninguna imposibilidad de movilidad ni ningún tipo de sanción en la que se mueve la inmunidad parlamentaria, sino simplemente una restitución, en caso de advertir que haya un menoscabo en los fondos públicos. Nada más y nada menos", ha señalado.

El abogado de Puigdemont ha defendido al inicio de la audiencia que "la continuación del procedimiento sin el suplicatorio es una vulneración de la inmunidad y eso genera una nulidad respecto a este procedimiento".

Boye ha incidido en que lo mismo aplicaría para los exconseller Toni Comín y Clara Ponsatí. "No se debería continuar con este procedimiento al menos en lo que respecta a ellos tres", ha señalado.

En su turno de palabra, la Fiscalía ha subrayado que defender dicha inviolabilidad "resultaría contrario al propio derecho de la Unión Europea, que establece que la inmunidad no es un privilegio personal del diputado sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto".

La defensa ha mostrado su oposición a la decisión de la consejera del Tribunal de Cuentas y ha presentado recurso. "El único órgano con capacidad suficiente para determinar la inmunidad de mis defendidos es el Parlamento Europeo", ha dicho Boye. La consejera, sin embargo, ha mantenido su postura y ha desestimado el recurso.

Fiscalía rebaja su demanda

Al margen, este viernes la Fiscalía ha rebajado en 336.143,34 euros la demanda contra la treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña --incluidos Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras-- en la que reclamaba 3,4 millones de euros de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad contable por el presunto desvío de fondos para los gastos del 1-O y la acción exterior del 'procés'.

La rebaja responde a que el Ministerio Público ha desistido de reclamar el importe correspondiente a una presunta irregularidad en la campaña 'Civisme'. Sociedad Civil Catalana (SCC), que ejerce también la acusación, se ha adherido al movimiento de la Fiscalía y ha rebajado su demanda en dicho importe, por lo que quedaría en 5 millones de euros.

Tras dicho cambio, Jaume Mestre, quien fuera responsable de difusión de la Generalitat, se ha visto apartado del procedimiento toda vez que se ha declarado el sobreseimiento parcial para él porque solo se le atribuía la irregularidad relativa a la campaña de 'Civisme' a la que han renunciado la Fiscalía y SCC.

En concreto, el Ministerio Público ha modificado la demanda que presentó el pasado abril contra 35 ex cargos del Govern, donde además pedía apartar a los ex consejeros Joaquim Forn y Josep Rull, así como a otras 14 personas, de la lista de posibles responsables contables, una petición a la que finalmente accedió el tribunal.

En su demanda, la Fiscalía rebajó las estimaciones del órgano fiscalizador sobre la cifra presuntamente desviada. En concreto, pasó de los 9,5 millones calculados por el Tribunal de Cuentas a 3,4 millones de euros: 2,2 millones relativos a los gastos de acción exterior y 1,2 millones vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017. Ahora, tras la rebaja anunciada este viernes, el importe reclamado quedaría en 3,1 millones.

Por su parte, SCC presentó demanda contra 11 ex altos cargos del Govern, entre los que incluye también al expresidente catalán Artur Mas, por los gastos del 1-O y de la acción exterior de la Generalitat. En su caso, les reclamó 5,3 millones de euros en concepto de responsabilidad contable, cifra que ahora se ve disminuida tras reducir en 336.143,34 euros su demanda.

Cabe recordar que, inicialmente, el TCu fijó en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable relativa a la acción exterior de Cataluña a través de las denominadas 'embajadas catalanas' y al Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, conocido como 'Diplocat', y cifró en 4,1 millones los gastos vinculados al 1-O. Al haberse fusionado ambas actuaciones en un solo procedimiento, el importe total alcanzaba los 9,5 millones.