Sánchez, denunciado en el Supremo por la gestión de la crisis del coronavirus

Prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia. Son los delitos por los que el abogado Víctor Valladares ha presentado la denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo, un día después de que la magistrada del juzgado número 51 de Madrid admitiese su denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Entre otras diligencias, pide que declaren como testigos el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón, y otros diez sanitarios. 

El abogado, que presenta la denuncia como particular, pide el testimonio de Fernando Simón porque participó en un informe en el que se alertaba del peligro de la expansión del coronavirus y de las medidas que convenía tomar. Daba cuenta de la situación en el mundo, de los grupos de riesgo y de los mecanismos de contagio. Un informe del 6 de marzo, dos días antes de la manifestación del 8-M.

Valladares hace referencia a  las advertencias que hizo días antes el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades sobre las medidas de distanciamiento social individual que debían promover los Estados Miembros de la UE. Y una de las principales era la de evitar acudir a actos multitudinarios, como medida preventiva.

Incluso instaba a los gobiernos a que considerasen la cancelación de las concentraciones masivas en casos excepcionales, donde existiera contagio local. Esas advertencias añadían que “durante la fase de mitigación, las cancelaciones de actos multitudinarios antes del pico de las epidemias o pandemias pueden reducir la transmisión del virus”.  Una evidencia científica, explica el Centro Europeo, sustentada en los datos provenientes de los modelos de gripe estacional y pandémica.

Señala la denuncia que el Gobierno tenía conocimiento, al menos desde el 2 de marzo, de la no idoneidad de la celebración de reuniones multitudinarias ante el peligro de la transmisión del virus COVID-19. Y, aun así, se permitió la celebración de las manifestaciones sin acordar el Estado de Alarma. Se decretó seis días después. La denuncia se ha presentado de forma telemática al estar cerrado el registro, según ha manifestado Víctor Valladares a COPE.