Todo lo que debes saber sobre el nuevo control de la desinformación que quiere Moncloa

En plena segunda ola de la pandemia, la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez pasa por parapetarse en la proliferación de los bulos sobre el Covid-19 para plasmar negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado la pretensión de vigilar para que toda información de medios sea “veraz, completa y oportuna” y que provenga – añade – “de fuentes contrastadas”.

La orden del Ministerio de Presidencia, bajo la batuta de la vicepresidenta Carmen Calvo, aboga por fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información “examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación” y hasta apela a estos últimos para colaborar en su objetivo. En el intento de justificarse, el Ejecutivo se parapeta en barómetros y planes de acción de la Comisión Europea y busca refugio en el “rápido progreso del entorno digital” que convierte, a sus ojos, en necesario establecer medios de funcionamiento para evaluar de manera continua el fenómeno de la desinformación a nivel global y para España.

Según el Gabinete, se trata de perseguir la “difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación”, que busca “influir en la sociedad con fines interesados y espurios”. Las “acciones y procesos” gubernamentales “ayudarán a mejorar y aumentar la transparencia con respecto al origen de la desinformación y a la manera en la que se produce y difunde, además de evaluar su contenido”. Con distintos niveles de actuación, desde el análisis temprano para detectar las “desinformaciones” hasta “adoptar decisiones y coordinar una respuesta “política-estratégica”.

Para combatir el fenómeno, las riendas quedan en manos, entre otros, del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es Iván Redondo, jefe del Gabinete del Presidente, la Secretaría de Estado de Comunicación, con Miguel Ángel Oliver al frente, o la Comisión Permanente creada ad hoc contra la Desinformación, un totum revolutum de órganos incluidos los Ministerios de Defensa, Interior, Exteriores o Asuntos Económicos, además de la SEC y los gabinetes de comunicación de Ministerios y otros organismos relevantes.

El plan también destaca el papel a jugar del sector privado y la sociedad civil en la lucha contra la desinformación. Por ello, queda establecida la posibilidad de solicitar su colaboración. En todo caso, a la vista está, será el Gobierno quien determinará las supuestas irregularidades. El planteamiento ya ha merecido la solicitud por parte del Partido Popular de las comparecencias en las Cortes de Carmen Calvo y de Iván Redondo.