El Tribunal de Cuentas duda de los avales de la Generalitat y pide un informe urgente

El Tribunal de Cuentas duda sobre la legalidad de los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir la fianza de 5,4 millones de euros a los ex altos cargos de la Generalitat encausados por promocionar el "procés" en el exterior y ha pedido un informe urgente a la Abogacía del Estado.

A su vez, el Govern ha defendido la legalidad de los avales, "jurídicamente impecables", para la treintena de ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, al que ha instado a "no hacer política" en este asunto.

El decreto que aprobó el Govern para crear un fondo para hacer frente a esta fianza contempla que, en caso de no encontrar ningún banco que acepte participar en la operación, sea el ICF quien ofrezca este aval, como finalmente se ha hecho.

Aunque el plazo inicial para liquidar las fianzas expiraba el miércoles de la semana pasada, el Tribunal de Cuentas acordó conceder un plazo improrrogable de dos días después de que 29 de los 34 encausados presentaran los avales del ICF por vía telemática.

Este martes, en una nota de prensa, el Tribunal de Cuentas señala que tiene dudas sobre la suficiencia y la legalidad de los avales, "esencialmente sobre si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por dolo o culpa grave, que asume la propia administración autonómica perjudicada".

Por ello, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas ha solicitado a la Presidencia de la Sección de Enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado.

El Tribunal de Cuentas también ha informado de que dos de los encausados no han presentado fianza y ha avisado de que, una vez terminado el plazo, emitirá providencia de embargo de bienes hacia estas personas.

De los 34 ex altos cargos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas, 29 decidieron acogerse al fondo creado por el Govern -dotado con 10 millones de euros-, mientras que unos pocos rehusaron acudir al ICF y optaron por pagar las sumas requeridas o asegurarlas presentando bienes inmuebles como aval personal.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha remarcado que "no hay ningún motivo objetivo" para rechazar los avales del ICF, por lo que ha pedido al Tribunal de Cuentas que "deje de hacer política" y "atienda a criterios estrictamente jurídicos".

El Govern defiende estos avales "sin dudas ni fisuras" y confía en que el Tribunal de Cuentas los "aceptará", por lo que de momento no quiere poner sobre la mesa "un plan B", aunque sí "continúa buscando una entidad bancaria" que se haga cargo de la operación.

En su reunión de este martes, ha asegurado Plaja, el Govern no ha tratado la división interna que provocó en el seno del ICF el debate sobre los avales, que se saldó con la dimisión de tres miembros de la junta de gobierno del organismo financiero de la Generalitat.

La semana pasada, Ciudadanos presentó ante la Fiscalía Superior de Cataluña una denuncia por delito de malversación contra los miembros del Govern y de la junta de gobierno del ICF.

El presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, se ha referido desde Twitter a las dudas del Tribunal de Cuentas sobre los avales del ICF.

"Los avales del Govern para librar a los condenados de la malversación son ilegales. Hoy lo investiga el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía lo hará tras la denuncia de Cs. Por más que el separatismo intente evitarlo, en España las instituciones funcionan y quien la hace la paga", ha afirmado.