Descrédito del Tribunal Constitucional

Asentando un precedente único en la historia judicial española, el Tribunal Constitucional ha decretado el borrado penal del mayor caso de corrupción de la democracia reciente en España, el caso de los ERES, un macrofraude de seiscientos millones de euros a lo largo de una década. Con su decisión de amparar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de otros trece exaltos cargos, a través de una más que discutible argumentación de ingeniería jurídica, tumba así la condena de los altos dirigentes socialistas por delitos de malversación. Este caso no fue ni un invento del PP ni de los jueces, fiscales y policías que dedicaron muchas horas de trabajo a este proceso. Con esta sentencia el Constitucional desautoriza a los magistrados que, en diversas instancias procesales, consideraron probados los hechos delictivos, y exonera a José Antonio Griñán de entrar en la cárcel. No hay que olvidar que Manuel Chaves y José Antonio Griñán fueron los responsables del socialismo andaluz y que en este entramado de corrupción no fueron pocos los socialistas que se beneficiaron.

Con esta decisión se ha asentado un peligroso principio que conculca la igualdad de todos ante la ley. A partir de ahora, en el ejercicio de la elaboración presupuestaria, los políticos están exentos de control de legalidad, una especie de irresponsabilidad penal de los gobernantes que abre la puerta a prácticas que trascienden lo legal. No cabe máyor descrédito para un tribunal que poner la ley al servicio de los intereses de partido. Como para que Pedro Sánchez venga dando lecciones de “regeneración democrática”.