Transparencia informativa

La política informativa del gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos de aguda crisis social no puede convertirse en un escudo protector que oculte los fallos, las incongruencias, las dinámicas erráticas, ni servir a los intereses de imagen o a las estrategias de los partidos de la coalición. Atravesamos una situación inédita que exige la preservación y garantía de una serie de derechos básicos que hacen posible una convivencia ya de por sí alterada por la merma de ciertas libertades, como son las de reunión o de circulación. Por eso la libertad de información, y las formas a través de las cuales se ejerce, deben ser particularmente amparadas y alentadas.

Durante estos días crece el descontento entre los medios de comunicación y los periodistas por la forma en la que el Gobierno controla las peguntas en las ruedas de prensa de los responsables del Ejecutivo. El Gobierno solo contesta a preguntas que se le han echo llegar previamente y que filtra. No estamos ante un problema técnico insalvable, tal como están demostrando algunos partidos políticos de la oposición que permiten que los periodistas pregunten en directo. La línea debe ser ofrecer información fiable y transparente en un momento delicado y complejo. El Gobierno no debe olvidar que los titulares del derecho a la información son los ciudadanos y que preservar la calidad y la libertad de la información es también una prioridad para librar eficazmente la batalla contra el coronavirus.