"Traspapelaron el cadáver de mi tía en una residencia pública"

Mari Luz Gómez tenía 95 años y falleció el pasado 25 de marzo con síntomas de COVID-19 en la residencia pública Doctor González Bueno, dependiente de la Comunidad de Madrid. Nueve días después, la familia se enteró de que había habido una confusión con el cadáver: el que habían recogido en un principio no era el de ella.

Este es el relato de una familia que perdió a un ser querido en una residencia pública madrileña y que, a día de hoy, tiene miedo a que las cenizas que la funeraria les ha entregado no sean las suyas. Dudas que, sin embargo, duelen menos que esta pregunta que se formula insistentemente su sobrina Pilar Hontoria: "Traspapelaron el cadáver de mi tía en una residencia pública. ¿Adónde llegaba el caos que tenían organizado? Y lo que a mí más me importa, ¿cómo la atendieron, cómo fueron sus últimos días?".

En la Comunidad de Madrid hay 5.558 fallecidos con COVID o síntomas en residencias de ancianos. Los datos públicos no incluyen el desglose por centros, pero fuentes extraoficiales apuntan a que en la residencia Doctor González Bueno -de las más grandes de España- podrían haber perdido la vida un centenar de ingresados. Un dato que la Consejería de Asuntos Sociales, preguntada por EFE, ni confirma ni desmiente.

Según el relato que desde la residencia trasladaron a la familia, Mari Luz fue una de las primeras internas con síntomas. La anciana habló mediante su móvil personal con su sobrina hasta el día anterior al fallecimiento, el 24 de marzo. Le dijo que tenía sensación de ahogo y que nadie la atendía. "Lo que no me explico es cómo no me muero", se lamentaba. Al día siguiente, les avisaron de que Mari Luz había fallecido por una parada cardiorespiratoria. No le habían hecho ninguna prueba del COVID-19, pero desde la residencia dijeron que destruirían sus pertenencias porque había tenido síntomas, una información que la familia desconocía.

A Pilar Hontoria le albergó una sensación de "vacío total" y alguna duda: ¿Habría estado su tía abandonada y tirada en la residencia? ¿Cómo es posible que no recibiese atención médica? Tres días más tarde, el 28 de marzo, la funeraria Santa Lucía -del grupo Albia- retiró del centro el supuesto cuerpo de Mari Luz. "Les llamaremos para la entrega de las cenizas", dijeron a la familia. Aunque inicialmente la residencia confirmó a los familiares que se habían llevado el cuerpo, contactó días después de nuevo con la familia para pedirles agilidad porque la funeraria -aseguraban- no la había recogido. "¿Pero cómo que no? Nos dijeron que ya lo tenían", se sorprendía Pilar Hontoria.

La funeraria no atendió esas peticiones de regreso porque aseguraba que ya había hecho el trabajo, y a partir de aquí viene lo rocambolesco de la situación. Según la versión de la Consejería de Servicios Sociales, lo que sucedió ese 28 de marzo es que el operario de la funeraria no recogió el cuerpo que debía: los cadáveres estaban una cámara frigorífica identificados con un cartel con el nombre. "Por error" no se llevaron a Mari Luz sino a otra señora que en este relato llamaremos Lucía, y que tenía su nombre en el cartel.

Cinco días después, según otras fuentes apuntan a Efe, empleados de otra funeraria fueron al centro residencial a recoger el cuerpo de Lucía. Pero el nombre de este nuevo certificado de defunción no casaba con el cadáver que se querían llevar. Ese cuerpo era el de Mari Luz, que había muerto el día 25 de marzo y aún seguía en la residencia. La funeraria llamó en la madrugada del 2 de abril a la residencia para avisarles de la confusión, y el día 3 sus operarios regresaron a hacer el cambio, nueve días después del fallecimiento. La funeraria tranquilizó a la familia: el cuerpo estaba identificado, aunque por las especiales circunstancias del estado de alarma, nadie lo podía comprobar. "Algún trabajador de la residencia tuvo que indicar a los de la funeraria qué cuerpo debían llevarse, porque ellos a mi tía no la conocían. ¿Cómo de grande era el caos en la residencia y cuántos muertos había para que algo así pudiera suceder?", se pregunta Pilar Hontoria, molesta además con "la opacidad" del centro público.

La Consejería de Asuntos Sociales, sin embargo, asegura a EFE que "el fallo no es imputable al personal de la residencia" sino a la "sobrecarga que tenían las funerarias y los operativos de bomberos que participaban en la recogida de cadáveres". La residencia, insisten esas mismas fuentes, "solicitó en varias ocasiones a la funeraria Albia la retirada del cadáver".La cuestión irresuelta aquí es: ¿Había suficiente el control en la retirada de los cadáveres? ¿Cómo se pudo llevar un operario un cuerpo que no era?

Desde Bomberos de la Comunidad de Madrid -que han intervenido en numerosas recogidas de cadáveres en residencias, aunque no en éste- explican que cuando se recibe un cuerpo, hay un "control exhaustivo" en el que tanto personal de la residencia como los operarios tienen que dejar constancia de la entrega en un acta. Según explica la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, los días de fallecimiento coinciden con un momento en que había una sobrecarga tal de trabajo que las funerarias no daban a basto. De hecho, la residencia Doctor González Bueno tuvo que solicitar la ayuda de los Bomberos de la Comunidad de Madrid para la retirada de cuerpos. En concreto, los bomberos intervinieron en esa residencia pública entre el 1 y el 10 de abril para la retirada de siete cadáveres, han informado a EFE fuentes de los Bomberos de la Comunidad de Madrid. Las funeraria ha atendido a EFE pero ha rechazado posicionarse de forma pública respecto a lo sucedido en este caso. El pasado sábado entregó las cenizas a la familia.

"Yo lo que quiero es conocer en qué condiciones estaban los ancianos en esa residencia pública. ¿Cuántos fallecidos hay? ¿Habrá sucedido lo mismo a más familias?", se pregunta Pilar Hontoria. Cuando pase la crisis del COVID-19, Pilar Hontoria irá a su pueblo de Segovia para que se cumpla la voluntad de su tía: esparcirá las cenizas en el lugar en el que ella quería descansar.