Irene Montero dice que los delitos de odio han aumentado "un 43 %" y Marlaska, "un 10 %"

Una de las noticias de mayor impacto este miércoles ha sido sin duda la de la rectificación del joven de Malasaña al que supuestamente habían agredido un grupo de ocho encapuchados a plena luz del día. El joven, tras someterse a un interrogatorio policial, ha admitido que lo que se consideraron como agresiones fueron en realidad actos consentidos. A partir de entonces no han faltado los mensajes de los miembros del Gobierno que, aprovechando lo escabroso del asunto, trataron de colocar un mensaje político contra sus oponentes.

Irene Montero y Grande-Marlaska han sido dos de los ministros que han tratado de defender ante el público las posturas que mantuvieron previamente a conocer que la denuncia del joven de Malasaña era falsa. Lo curioso del caso reside en que siendo ambos miembros de un mismo Gobierno, ostentando los dos carteras en el Consejo de Ministros con competencias complementarias en lo que a materia de 'delitos de odio' se refiere, hayan proporcionado datos que, a priori son contradictorios.

¿Quién tiene razón, Irene Montero o Marlaska?

La primera en ofrecer su cifra ha sido la ministra Montero. La política de Podemos había publicado un vídeo en sus redes sociales denunciando el incremento de los delitos de odio tan solo tres horas antes de conocerse que el caso de Malasaña no se correspondía con la mencionada tipología delictiva. Es por ello que su mensaje era quizá uno de los más esperados, al tratarse, además de la responsable del Ministerio de Igualdad.

Montero ha querido mantenerse en su argumentario al afirmar que "los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43 % en el primer semestre de 2021. Que el árbol no nos impida ver el bosque", reflexionaba la ministra de España. Tenemos pues, a Montero afirmando que estos delitos habrían incrementado en los primeros seis meses de lo que va de año en un 43 %, cifra que contrasta con lo que ha dicho Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha concedido una entrevista al programa de laSexta 'Más Vale Tarde', en la que ha afirmado ante los entrevistadores, Iñaki López y Cristina Pardo, que en este primer semestre de 2021 (mismo período de tiempo que el indicado por Irene Montero), los delitos de odio han aumentado "casi un 10 %", según los datos que maneja su ministerio.

La pregunta resulta evidente, ¿quién tiene razón? ¿De dónde sacan los datos? ¿Nos mienten?

Los informes de Marlaska y la falta de fuentes de Montero

Lo cierto es que la información proporcionada por el ministro del Interior es fácilmente rastreable. En julio de este mismo año, fue el propio ministro el que confirmó que en este primer semestre de 2021 los delitos de odio habían crecido un 9,3 %. No es el "casi 10 %" al que hace referencia, y se están midiendo en comparación con el año 2019. Y es que desde Interior a la hora de elaborar su informe preliminar sobre el inicio de este año, se decidió realizar la comparación con un año sin confinamiento y sin pandemia. Si se comparan el número de delitos de odio cometidos en 2020 con los del mismo período del 2019, tenemos que estos habrían disminuido en un 17,9 %.

Sea como fuere, los datos que ha proporcionado Marlaska son públicos y han sido ya explicados por el Ministerio del Interior, lo que nos lleva a la procedencia de los datos de la ministra Irene Montero. ¿De dónde salen?

Irene Montero afirma que estos delitos han aumentado un 43 % en el primer semestre de 2021, un dato que parece alejado de lo que afirma Marlaska y que no conseguimos encontrar en fuentes que se hayan hecho públicas. Quizá la diferencia se deba a un matiz que hace Montero y es que ella asegura que este porcentaje es el relativo a los "delitos de odio contra el colectivo LGTBI", donde se entiende que no se incluirían delitos de odio por razón de raza, por ejemplo. Aun así, es difícil analizar el dato del 43 % de Montero al no saber con qué período de qué año se está comparando y si se están teniendo en cuenta las fuentes de Interior o las de otra organización externa a la organización del mismo Gobierno.

La duda queda, los datos no son claros y de momento, los delitos de odio son utilizados para justificar la acción política de un Gobierno que ha tenido que salir al paso de las últimas informaciones que hemos conocido sobre el joven de Malasaña.