Menos cantidad de producto por el mismo precio, así es la reduflación

No es tu imaginación, algunos alimentos han reducido su tamaño, pero siguen costando lo mismo o incluso se venden más caros. Esta práctica se conoce como reduflación y forma parte de las técnicas con las que los fabricantes camuflan el encarecimiento de los productos. No siempre es fácil de detectar y la legislación en España no obliga a especificar ni las subidas de precio ni la merma en el producto.

“Es muy evidente en las bolsas de patatas fritas que vienen cada vez más vacías. El envase es el mismo, pero el peso neto es menor. También lo noto en la Mozzarella, que es más pequeña que antes y en muchos otros productos. Antes la compra mensual me salía por 200 euros y ahora por ese dinero te llega la compra a casa y casi no tienes nada”, lamenta Álvaro Sáez, de 32 años.

Forma parte del 54 por ciento de los españoles que, según un estudio de Ipsos ha notado la reduflación en sus compras, 8 puntos más que en los 33 países desarrollados sondeados en el Global Inflation Monitor en su último informe publicado en noviembre.

Afecta, según denuncian desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) al 7 por ciento de la compra. Consideran y así lo han denunciado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que es una práctica anticompetitiva y opaca. El truco de muchos fabricantes, subrayan, para evitar que el incremento de precios en la alimentación afecte a sus ventas y reduzca sus márgenes en épocas de inflación.

Ocurre sobre todo en aperitivos, pan, pasta, arroz, dulces, comida precocinada, yogures, productos congelados, conservas y, fuera del ámbito alimentario, en los productos de limpieza, según denuncian desde la Federación de Consumidores y Usuarios CECU. Rosi Gómez lo nota sobre todo en las botellas de Coca Cola que “son cada vez más pequeñas y más caras” y en el gel de ducha que “de ser de un litro ha pasado a los 750 mililitros y el precio es igual o más”.

A favor de seguir los pasos de Francia

Desde la CECU piden que, como ocurrirá en Francia a partir del 1 de julio, sea obligatorio informar de cualquier reducción de la cantidad de un producto o de la sustitución de alguno de los ingredientes por otros más baratos para que el consumidor tenga libertad para elegir lo que compra.

“Es muy difícil de identificar esta práctica, ya que hay que irse a la letra pequeña del contenido de producto para identificar la reducción de la cantidad. Nosotros no decimos a la empresa que no reduzca la cantidad o que no cambie un ingrediente por otro lo único que pedimos es que ofrezcan esta información al consumidor al igual que hacen cuando, por el contrario, aumentan el tamaño o mejoran la composición de alguno de sus productos”, explica a COPE el responsable de alimentación de CECU, Eduardo Montero.

Piden un cambio legislativo en línea con el aprobado el pasado abril en Francia para obligar a los fabricantes y a los supermercados a informar a los usuarios mediante una correcta señalización -tanto en el envase como en la estantería del lineal en el que está ubicado el producto- de cualquier disminución del volumen o del peso además de su precio por unidad. No hacerlo subrayan equivale a llevar a cabo una subida encubierta de los precios.

“Por ejemplo, yogures que antes tenían 140 gramos se reducen a 120 gramos, pasta alimentaria que pasa de los 500 a los 460 gramos y esto es muy difícil de identificar por el tamaño del producto, porque es una reducción mínima y porque los envases siguen teniendo el mismo tamaño. La única forma de hacerlo es ir a la letra pequeña del contenido del producto para identificar que, en efecto, es menos cantidad”, denuncia Montero.

Antes incluso de la entrada en vigor del cambio legislativo, en Francia algunas cadenas de supermercados ya identifican claramente la merma de cantidad de determinados productos. Desde el próximo día 1 será obligatorio en todos los supermercados de más de 400 metros cuadrados. El incumplimiento de la nueva norma podrá ser sancionado con multas de entre 3.000 y 15.000 euros en función de si el infractor es una persona o una empresa.

En España y según las fuentes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 consultadas por COPE, es punible que el etiquetado o la presentación induzcan a error al consumidor sobre la cantidad. En el gabinete de Pablo Bustinduy aseguran “prestar especial atención al cumplimiento de esta normativa por si fuese necesario llevar a cabo alguna modificación normativa para garantizar los derechos de los consumidores al efecto”.

Pero, de momento, ningún cambio legislativo se ha puesto sobre la mesa en nuestro país, a pesar de que 6 de cada 10 consumidores consideran inaceptable la práctica de la reduflación, según recoge el estudio de Ipsos que nos sitúa entre los consumidores más críticos. La lista la encabeza Francia donde viven Rafa y Cecile que consideran normal que se obligue a informar a los consumidores.

“Lo mínimo es que sepamos si han bajado la cantidad y no el precio o si han cambiado algo en el producto, lo que pedimos es transparencia. Nosotros en lo que nos solemos fijar es siempre en el precio del kilo, a veces hay que hacer cálculos complicados, pero es la única forma de estar seguro del coste de lo que compras y de que no te están dando gato por liebre”, explica a COPE este matrimonio franco español afincando en Bretaña.