Evitan la venta de una niña de 12 años obligada a casarse

La Guardia Civil ha detenido a la madre y al padrastro de una menor de 12 años de Malagón (Ciudad Real) a la que iban a obligar a contraer matrimonio a cambio de 3.000 euros en Granada.

La operación, según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado, se inició a finales de enero, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de unos menores en la localidad de Malagón (Ciudad Real), que podrían encontrarse en situación de desamparo.

Según la información recibida por los agentes, una de estos menores había manifestado en su entorno social que estaba recibiendo agresiones físicas habituales por parte de su madre y que no quería estar en su domicilio.

Continuando con las investigaciones, los agentes mantuvieron contacto sobre el círculo social de la menor y sobre el colegio de la menor y pudieron comprobar que los menores no habían asistido al colegio y que tras esto, la madre y el padrastro de la niña habían ido al centro para solicitar la baja de la menor, ya que según ellos se había marchado fuera de la localidad.

Paralelamente de las indagaciones que hicieron con el círculo de amigas de la menor, los agentes pudieron averiguar que la chica les había informado de que sus padres iban a casarla por 3.000 euros, por lo que la Guardia Civil arrestó a los padres por un presunto delito contra la libertad.

En el momento de la detención, el padrastro portaba en uno de los bolsillos del pantalón 3.800 euros, ante lo cual dijo que ese dinero había ganado durante la campaña de recogida de aceituna, pero los agentes comprobaron que esa afirmación era falsa.

Asimismo, los agentes tuvieron conocimiento de que la víctima menor podría encontrarse en un domicilio de la localidad de Baza (Granada), por lo que de forma inmediata se desplazaron hasta esa localidad, donde fue localizada la chica.

Tras recuperar a la menor, se iniciaron gestiones con Bienestar Social de la provincia de Granada por riesgo de desamparo y en la actualidad la menor se encuentra bajo la tutela de la Junta de Andalucía.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ciudad Real.