Jesús Esteban, Educador Social de un centro de menores de Aragón: "La situación ya es insoportable"

Los trabajadores de los centros de protección menores van a iniciar un calendario de movilizaciones para exigir un convenio autonómico que regule sus condiciones de trabajo. Aseguran que no pueden más. Tienen un trabajo que desgasta mucho y reclaman unas mejoras laborales, enntre ellas, una subida salarial acorde a su categoría profesional. Es algo que vienen reclamando desde hace tiempo.

Aseguran por ejemplo, que su sueldo es un 50% inferior a lo que cobra un funcionario cuando debían ser al menos el 80% de lo que cobra un trabajador de la misma categoría. Para que te hagas una idea, un educador social cobra unos 1.300 euros al mes y un técnico de integración social poco más de 1.000.

Cuando en el año 2003 el Gobierno de Aragón decidió externalizar este servicio, se produjo -aseguran- una pérdida de poder adquisitivo del 47%.

Hablamos de centros que dependen de la Administración regional pero que son gestionados por entidades del tercer sector. Los trabajadores se quejan también de las precarias condiciones en las que se encuentran. Piden también que se regulen los turnos, la nocturnidad, los fines de semana o los riesgos físicos y mentales que sufren al trabajar en algunos casos con personas conflictivas y con problemas de convivencia.

El próximo 11 de julio se concentrarán en la plaza del Pilar de Zaragoza, anuncian paros en septiembre en los centros donde trabajan en las tres capitales y no descartan convocar una huelga en el sector.