Cáritas alerta de que cerca de 1.800 personas están sin hogar en Tenerife

Un total de 1.784 personas se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en Tenerife y solo en lo que va de año ya se han identificado 387 casos nuevos, el 48 % en la zona sur de la isla.

Así se desprende del Informe sobre exclusión residencial extrema en Tenerife, realizado por Cáritas Diocesana, del que también se extrae que el 33,7 % del total de personas sin hogar lleva en esta situación más de tres años.

Dicho informe ha sido presentado por el presidente del Cabildo, Pedro Martín; el director de Cáritas, Juan Rognoni; la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, y la coordinadora de Acción Social de Cáritas, Úrsula Peñate.

En su intervención, Pedro Martín señaló que este informe es un diagnóstico de una situación que "nos ha de preocupar y obligar a actuar", de ahí que el Cabildo haya incrementado este año todas las partidas destinadas al ámbito social.

Asimismo, destacó la labor "inconmensurable" que Cáritas está realizando en todo aquello que tiene que ver con el 'sinhogarismo', un fenómeno que se ha ido extendiendo por toda la isla, especialmente hacia el sur, debido a la crisis.

Por su parte, Juan Rognoni indicó que se trata de "un estudio novedoso, hecho a pie de calle de manera rigurosa y profesional, con la colaboración en red de otras entidades y, sobre todo, en cercanía con las personas que están sufriendo estas situaciones, que desgraciadamente son cada vez más numerosas".

Rognoni añadió que también es una herramienta importante para el Cabildo y el resto de administraciones porque "a partir de un diagnóstico amplio y riguroso se pueden tomar las mejores decisiones estratégicas y hacer frente de manera efectiva y valiente a esta lacra social".

Detalles del estudio

El Informe sobre exclusión residencial extrema en Tenerife, el primero que se realiza en la isla, se llevó a cabo en el segundo semestre de 2020 y está basado en una metodología de enfoque de derechos humanos.

Del estudio se extrae que de las 1.784 personas que se encuentran en situación de exclusión residencial extrema en la isla, el 40 % lleva menos de un año en esta situación y el 60 %, más de un año.

Las personas 'sin techo', es decir, que viven en un espacio público a la intemperie y aquellas que duermen en un refugio nocturno y/o se ven obligados a pasar varias horas al día en un espacio público, representan el 60,1 %.

Las personas que viven en un régimen de tenencia de vivienda inseguro suponen el 12,7 % de las personas identificadas, y las que viven en alojamientos inadecuados, tipo caravanas, cuevas, chabolas o edificios semiderruidos, el 27,2 %.

Las mujeres representan una de cada cinco personas en situación de exclusión residencial extrema, el 21,4 % (382), y las personas transexuales, el 0,4 % (7), y se caracterizan por vivir en infraviviendas alejadas de los centros urbanos como estrategia de protección ante la violencia que sufren por su identidad de género.

En relación a la edad, el grupo más numeroso abarca las edades comprendidas entre los 46 y los 55 años, pero también se ha identificado a 78 menores conviviendo con sus tutores legales, es decir, unidades familiares completas en situación de exclusión residencial extrema, la mayoría familias monomarentales.

El 57,7 % de estos menores viven en viviendas inseguras y el 41 % en viviendas inadecuadas, como pueden ser caravanas. Asimismo, seis de cada diez menores viven en la zona sur de la isla y el 73 % son de origen español. También se han detectado 98 personas entre los 65 y los 89 años, de las que tres cuartas partes viven en la zona metropolitana.

El 35 % de las personas sin hogar son de origen extranjero, de hasta 65 países diferentes. Sin embargo, los tres colectivos de migrantes más numerosos son el marroquí, con un 5,3 %; el venezolana, con un 4,9 %, y el italiano, con un 3,8%. Asimismo, cuatro de cada diez personas de origen extranjero están en la isla en situación administrativa irregular.

La exclusión residencial extrema afecta, principalmente, a la zona metropolitana, pero es una realidad que afecta a toda la isla. Así, los municipios con mayor incidencia son Santa Cruz, con 839 personas; La Laguna, con 217; Puerto de la Cruz, con 135; Arona, 133, y Adeje, con 100 personas.

Problemas económicos

En relación al motivo que ha llevado a estas personas a vivir en una situación de exclusión residencial extrema, un 47,3 % hacen referencia a problemas económicos; un 32,5 %, a la carencia de una red de apoyo, y un 20,7 %, a adicciones. Además, una quinta parte de las personas en esta situación presenta patología dual, salud mental más adicciones.

Una de cada diez mujeres en situación de exclusión residencial extrema se ven afectadas por la violencia de género, con un 9,7%. En el caso de las personas de origen extranjero, la situación administrativa irregular, especialmente en personas de origen africano (63,6%) y americano (26,3%), también es un motivo desencadenarte del 'sinhogarismo'.

La institucionalización, es decir, el estar tutelado por la Administración pública, también origina que personas acaben viviendo en la calle, especialmente personas de origen africano, con un 36,4%.

Si hablamos de las dificultades de acceso a los derechos, las principales vulneraciones a los derechos humanos, más allá de la exclusión residencial, más de un 70% de las personas sin hogar no tienen acceso al agua potable; también tienen dificultades con el saneamiento y el derecho a la buena administración, como es el empadronamiento, la gestión de tramitaciones o la información y asesoramiento por sistemas telemáticos, que afecta a tres de cada cuatro personas encuestadas.

Cuatro de cada diez personas no está vinculadas ni atendidas por los servicios sociales y solo el 9,7 % afirma que los servicios sociales se han acercado a su lugar de residencia.

En relación a sus derechos, las personas migrantes tienen más dificultades que las españolas, especialmente en lo relacionado al empadronamiento o la tramitación de trámites esenciales como la tarjeta sanitaria, lo que se debe mayoritariamente a la situación administrativa irregular que tienen, las dificultades idiomáticas o el miedo a ser expulsados.

Debido a su situación de exclusión residencial extrema, estas personas están más expuestas a ser víctimas de cualquier tipo de agresión. Dentro del conjunto de experiencias de violencia, como pueden ser insultos, agresiones físicas, robos, obligación de practicar la mendicidad o trabajos irregulares, representan un porcentaje muy significativo todas las opciones, resaltando las que tienen que ver con las relaciones sexuales forzadas.

En este sentido, un 57,9% de las mujeres en situación de exclusión residencial extrema han sufrido intento o agresión sexual; un 56,4% ha recibido propuestas sexuales; un 60,4% ha sufrido violencia de género, y un 11,3% ha necesitado practicar la prostitución para poder subsistir.

Propuestas de Cáritas

Frente a esta situación, Cáritas ha ofrecido algunas propuestas que permitan avanzar en un escenario de reconstrucción social. Entre ellas, Juan Rognoni destacó el diseño y la ejecución de un diagnóstico sobre la realidad de la vivienda en cada territorio; evaluar de manera urgente la realidad y ver qué municipios de las islas están en situación de mayor vulnerabilidad; realizar un censo actualizado de la vivienda de titularidad pública y buen uso de la misma, recuperando y rehabilitando la vivienda pública vacía.

También proponen establecer protocolos regionales de coordinación entre los servicios sociales y los juzgados en los casos de desalojos forzosos; incluir la falta de vivienda como situación de emergencia; proveer de plazas de alojamiento inmediato mientras se garantiza el derecho de una vivienda digna y adecuada, o atender la situación de la mujer que sufre esta situación, diseñando estrategias de apoyo integral.