Familiares de enterrados en el Valle de los Caídos se querellan contra la alcaldesa de San Lorenzo

La acusan de bloquear la licencia de obras para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones de sus seres queridos. Carlota López dice actuar conforme a la legalidad

Valle de Los Caídos, San Lorenzo de El Escorial

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

Familiares de inhumados en el Valle de los Caídos han presentado una querella en los juzgados de San Lorenzo de El Escorial contra la alcaldesa por su "negativa" a reactivar la licencia de obras que permita acceder a las criptas para proceder a las exhumaciones de restos de sus seres queridos.

Los querellantes consideran que Carlota López Esteban habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".

La querella se interpone en nombre de un familiar de los hermanos Lapeña, fusilados en 1963 por el bando nacional en Calatayud y enterrados en el Valle de los Caídos, y la presidenta de la Asociación de Familiares de los Republicanos enterrados en el Valle de los Caídos, Silvia Navarro.

La acción penal se dirige contra la alcaldesa después de que no haya renovado el permiso para iniciar los trabajos de acceso a los restos a pesar de que el pasado mes de junio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó levantar la medida cautelar que paralizaba la citada licencia urbanística. En un informe jurídico, el Ayuntamiento alegaba que hasta que no haya sentencia firme no accedería a la solicitud de renovar el permiso, un extremo criticado por los familiares de enterrados en el Valle por su falta de solidaridad hacia las víctimas.

Los familiares argumentan que "la querellada ha dictado en pleno municipal su negativa a reactivar la licencia municipal, y a su vez, es conocedora del fallo del TSJM por el que se levanta la suspensión sobre dicha licencia que ella misma otorgó, 12 meses antes".

En los hechos, el abogado de las familias, el letrado Eduardo Ranz Alonso, menciona el auto, de 30 de marzo de 2016, dispuesto por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial que reconoció el derecho a la digna sepultura de los hermanos Lapeña Manuel y AntonioRamiro, una sentencia histórica que seis años después no se ha ejecutado.

También expone que el propio TSJM se ha pronunciado sobre dicha licencia, denegando la medida cautelar interesada de suspensión de la ejecutividad del acuerdo de 24 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Dicho acuerdo concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para la rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial.

El letrado sostiene que se está ante "una ilegalidad flagrante y clamorosa" y "un abuso contra la reparación de las víctimas, además de una discriminación respecto a la licencia de obra menor, dictada en el precedente inmediato anterior, como fue la exhumación del dictador en el año 2019", concluye.

La alcaldesa niega el bloqueo

Hace unos días la alcaldesa negaba en un comunicado el supuesto bloqueo u oposición al cumplimiento de las resoluciones judiciales en las exhumaciones del Valle de los Caídos.

Carlota López Esteban indicaba que la tramitación de cualquier licencia es un procedimiento reglado sujeto a los informes técnicos y jurídicos pertinentes y, por tanto, "completamente ajeno a la discrecionalidad de cualquier cargo electo".

Asimismo, detallaba que el procedimiento del Ayuntamiento y de la alcaldesa viene determinado por los informes que los servicios jurídicos del Consistorio emitieron "una vez analizada la sentencia dictada por el Tribunal, ajustándose en todo momento a la legalidad".

También añadía que el único interés del Gobierno municipal en cualquier procedimiento en vigor tiene el deber de "cumplir y hacer cumplir la legalidad vigente" y que la Alcaldía no puede cuestionar "en ningún momento" las resoluciones que pueda dictar la Justicia.

López Esteban cree que ha recibido ataques infundados hacia su persona desde algunos partidos políticos por este asunto y calificaba el anuncio de la querella "como un medio de coacción".

En el comunicado, además, hacía un repaso a la cronología del proceso de concesión de la licencia de obras.