A juicio el exalcalde de Guadarrama por prevaricación y coacciones

La Audiencia de Madrid juzga el próximo martes al exalcalde de Guadarrama y exconsejero madrileño José Ignacio Fernández Rubio, para quien la Fiscalía pide tres años de cárcel por presionar supuestamente al propietario de una finca para que se la cediera a una empresa en la que el exregidor figuraba como abogado.

Fernández Rubio, que se ha visto inmerso en los últimos años en varios procedimientos judiciales, se sentará en el banquillo de la sección quinta de la Audiencia Provincial junto a quien fuese su teniente de alcalde, Miguel Rodríguez Bonilla, y el entonces jefe de Policía local del municipio, que se enfrenta a una petición de prisión de dos años por coacciones.

Por este último delito el ministerio público también acusa a los dos exdirigentes del municipio, además de por el delito continuado de prevaricación, y reclama para ellos tres años de cárcel y 10 años de inhabilitación, según informa la Fiscalía.

No será la primera vez que el exalcalde de Guadarrama, que también ocupó la alcaldía de Las Rozas y fue viceconsejero de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, se enfrenta a un juicio.

También estuvo acusado de prevaricación hace años en relación a las permutas de unos terrenos en Guadarrama, si bien resultó absuelto.

En este caso, la Fiscalía le acusa de llevar a cabo en 2007, junto a su mano derecha en el Ayuntamiento una serie de conductas de forma "continuada" y en "connivencia" para presionar a un empresario con el objetivo de que les cediera o les vendiera una finca situada al lado de otra que era propiedad de la empresa Golden Hipotecario S.L., de la que el regidor era abogado y el teniente de alcalde, socio.

El ministerio fiscal sostiene que ambos paralizaban cualquier trámite que la víctima solicitaba en el consistorio, bien mediante llamadas de teléfono o "continuas" inspecciones de la Policía Local.

De hecho, la Fiscalía indica que ambos ordenaron al entonces jefe de Policía Local que ordenase a sus agentes vigilar continuamente la finca y denunciar cualquier irregularidad.

El 5 de abril de 2007 el exregidor llamó de nuevo al propietario, "y con la clara intención de doblegar la voluntad del mismo", le dijo que tenía que retirar la valla que había situado en la parcela para permitir que dicho terreno fuera utilizado como parking de un restaurante.

El acusado le manifestó que si lo hacía no iba a tener problemas con nada de lo que solicitara al Ayuntamiento, pero que de lo contrario iba a denegarle todo, paralizarlo o no tramitarlo y que "crearía una sociedad con el fin de demandarle hasta que se cansara o se arruinase, así como que tendría a la Policía allí continuamente para que no pudiera mover ni una piedra".

La Fiscalía recuerda que entre los meses de enero a diciembre de 2007, las sociedades Golden Arquitectura de Inversiones y Golden Hipotecario interpusieron cuatro demandas civiles contra el empresario; en tres de ellas intervino el exalcalde como abogado "con el fin de desposeer al mismo de su finca y obligarle a realizar importantes desembolsos económicos".