Alicante exige al Gobierno que rectifique el nuevo retraso de la conexión en tren con el aeropuerto

Los últimos trámites del Ministerio de Transportes demorarían hasta 2026 la redacción de la variante de Torrellano

Alicante exige al Gobierno que rectifique el nuevo retraso de la conexión en tren con el aeropuerto

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha exigido por unanimidad al Gobierno central que "rectifique" y "reduzca los plazos" ante el retraso que sufrirá el proyecto para la conexión ferroviaria entre Alicante y el aeropuerto con los últimos trámites del Ministerio de Transportes, que demorarían hasta 2026 la redacción de la variante de Torrellano.

La declaración presentada por la corporación ha sido aprobada con los votos de los seis grupos y en el texto se recuerda que el Ministerio de Transportes ha adjudicado la redacción del proyecto de conexión en dos fases: una primera de redacción, con un plazo de 24 meses; y una segunda para la realización de posibles variaciones del proyecto que se extenderá otros 14 meses. "En total, más de tres años hasta su finalización, por lo que el aeropuerto de Alicante-Elche estará al menos otros tres años sin su conexión ferroviaria", puntualiza la declaración defendida por la portavoz del grupo popular y edil de Fomento, Mari Carmen de España, y por el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs).

"El de Alicante sigue siendo el único gran aeropuerto de Europa que no tiene conexión por tren pese a haber experimentado un crecimiento constante en los últimos años y haber sido elegido por tercera vez mejor aeropuerto de Europa en la categoría de entre 15 y 25 millones de viajeros", añade el texto. El equipo de Gobierno considera "excesivos y desorbitados" estos nuevos plazos, ya que un proyecto de las características de esta primera fase de la variante "podría terminarse un año antes de lo estimado por el Ejecutivo", tal y como confirman expertos del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. "Por desgracia, esta decisión va en la misma línea del olvido del soterramiento de las vías en Alicante y el desarrollo del parque central, una tomadura de pelo ante una situación injustificada.

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Esta situación explica una vez más por qué la provincia de Alicante se mantiene varios años consecutivos a la cola de los Presupuestos Generales del Estado", incide el texto. Asimismo, el Ayuntamiento también ha exigido al Ministerio de Transportes que, de manera urgente, aclare si la reciente dimisión de la secretaria de Estado de Transporte, Isabel Pardo, "va a retrasar aún más los plazos previstos, que ya de por sí eran una vergüenza, y plantee una hoja de ruta diferente a la anunciada". También ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que se reúna con urgencia con el Ayuntamiento para explicar con detalle este nuevo retraso en la obra.

Servicios Sociales

Por otra parte, el pleno municipal ha aprobado exigir al gobierno de la Generalitat, presidido por Ximo Puig, que modifique el nuevo decreto por el que se regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales "que perjudican a los enfermos de Alzheimer y sus familias" al encarecer las plazas en las residencias entre 450 y 550 euros. Este decreto afecta también a los enfermos mentales ya que en el caso de las viviendas tuteladas la reducción de estas ayudas llega a los 1.600 euros mensuales, recoge la declaración institucional presentada por PP y Cs y aprobada con los votos de ambos partidos más los de Vox. "La consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas Aitana Mas, de Compromís, y el president Ximo Puig, del PSPV, son los únicos responsables de este desastre, puesto que, con esta nueva norma, ahuyentará también a las empresas que quieran construir nuevas residencias en Alicante", recoge la declaración.

Por todo ello, el pleno exige al gobierno de la Generalitat modificar el decreto por "las desastrosas consecuencias económicas, sociales, sanitarias y personales que conlleva, así como que emprenda todas las medidas necesarias para que se tengan en cuenta las observaciones de los sectores afectados, los usuarios y el Consell Jurídic Consultivo".