El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley de salud de Galicia "por limitar derechos fundamentales"

El Gobierno de España recurrirá ante el Tribunal Constitucional la recientemente las modificaciones de Ley de Salud de Galicia recientemente aprobadas en el Parlamento autonómico.

Era la ministra portavoz, María Jesús Montero, quien confirmaba la noticia al anunciar que el Consejo de Ministros había acordado interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la modificación de la Ley de salud de Galicia.

El Gobierno había preguntado hace unas semanas al Consejo de Estado sobre la posible constitucionalidad de esta modificación de ley y es ahora cuando el Ejecutivo se ha pronunciado a favor de presentar este recurso tras el dictamen de este órgano.

Según defiende el Gobierno, la norma realiza una serie de modificaciones en medidas preventivas por razones de protección de salud pública y del régimen sancionador que han recibido observaciones de inconstitucionalidad por parte de los correspondientes departamentos ministeriales.

Así, establece medidas de control de las personas enfermas, como el aislamiento en domicilio, internamiento en centro hospitalario o aislamiento o internamiento, o la posibilidad de obligar a la ciudadanía a someterse a determinadas medidas de prevención de la enfermedad, como la vacunación.

LIMITACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES

El Ejecutivo plantea la impugnación al considerar que la norma autonómica gallega introduce restricciones y limitaciones a los derechos fundamentales que según el artículo 81 de la Constitución española están reservadas a una Ley Orgánica.

En este punto, la norma autonómica "regula pormenorizadamente" los mecanismos extraordinarios para tutelar la salud pública ante crisis sanitarias con respecto a la legislación estatal, "incidiendo sobre los derechos fundamentales de una manera que no se puede considerar un mero desarrollo de la Ley Orgánica estatal.

Aquí, ponen de ejemplo el artículo 5, que establece entre otras medidas preventivas en materia de salud pública que la comunidad autónoma podrá someter "a medidas profilácticas de prevención de la enfermedad, incluida la vacunación o inmunización". También el artículo 7, que añade medidas preventivas en materia de salud pública, la ley autonómica vulnera la reserva de la Ley Orgánica.

Asimismo, el Gobierno también cree que serían inconstitucionales las previsiones contenidas en los apartados 12, 13, 14 y 15, que constituyen el régimen de infracciones y sanciones asociado a las conductas reguladas en los apartados 5 y siguientes.

ESTADOS EXCEPCIONALES

Con todo, el Ejecutivo cree que la norma puede vulnerar el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados excepcionales. En el marco del estado de alarma, las CCAA ostentan atribuciones delegadas que no pueden utilizarse para aprobar esta ley ordinaria "como si fueran facultades correspondientes a la gestión ordinaria de sus competencias".

También se alega a la competencia exclusiva del Estado respecto a las bases y la coordinación general de la sanidad que recoge la Constitución.

Por último, respecto a la posibilidad de obligar a los ciudadanos a vacunarse, también se entiende que además de afectar a la reserva de Ley Orgánica y al ámbito competencial del Estado, no considera la estrategia de vacunación aprobada por el Consejo Interterritorial que recoge que la vacunación será voluntaria.

La Xunta ya defendió en días pasados que la posibilidad de obligar a vacunar sería siempre que lo regulase una ley orgánica, es decir, de todo el Estado, y afirmó, en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, que tenía el aval jurídico de los "mejores" letrados de la Administración autonómica.

CRITICAS DE ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO

Precisamente, y poco después de confirmarse la noticia, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, arremetía contra el Gobierno que preside Pedro Sánchez.

"Vaya idea de cogobernanza", ha reprochado en Twitter, sobre la ausencia de diálogo que ha habido por aprte del ejecutivo central en este asunto, ya que desde la Xunta se esperaba que, cuando menos, hubiera un contacto rpevio a la interposición del recurso.

Por su parte, preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior al comité clínico, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha lamentado que el Gobierno central haya decidido elevar al Tribunal Constitucional la Ley gallega de salud, recientemente modificada en el Parlamento de Galicia para incorporar legislación sobre la pandemia, y no haya buscado previamente el diálogo con la Comunidad autónoma a través de la comisión bilateral en la que se debaten los conflictos de competencias.

Y es que la impugnación ante el Tribunal Constitucional producirá la suspensión del apartado o apartados recurridos, tras lo que tendrá un máximo de cinco meses para ratificar o levantar la suspensión.

El conselleiro de Sandiade ha lamentado que "casi" conocen por los medios de comunicación. Además, ha indicado que apenas hubo un contacto "formal" con el Ejecutivo central.

"Lo esperable es una comunicación, una llamada o incluso poner en marcha mecanismos habituales como las comisiones bilaterales, que en este caso es lo lógico", ha enfatizado Comesaña, quien ha indicado que, "salvo una llamada de la ministra en el primer momento de publicación de la orden", la Xunta "no tiene ninguna otra información hasta ahora mismo". "Nos hubiese gustado tener información previa y poder usar los cauces habituales, por otra parte", ha insistido.