'Lío monumental' con la instalación de terrazas en el casco histórico de Lugo

La ubicación de terrazas en el casco histórico de Lugo está generando polémica y quejas por parte de algunos de los hosteleros afectados, cuyos intereses colisionan con los de los comercios que adyacentes a sus negocios, precisamente por la ocupación de la vía pública, y la utilización de “diferentes criterios en casos similares o incluso idénticos” por parte del Ayuntamiento de Lugo.

La Asociación Lugo Monumental, que agrupa a los negocios del casco histórico de la ciudad, ha expresado “su profunda preocupación por la gestión que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Lugo en todo lo relativo a las terrazas del casco histórico, ya que se aprecian una serie de incongruencias y de arbitrariedades que no son razonables”.

El presidente de este colectivo, Luis Latorre, afirma que lo que está haciendo el Ayuntamiento es “una barbaridad”, porque “se le ha solicitado a algunos solicitantes de terrazas un permiso por escrito de los titulares de los locales adyacentes para autorizarles el uso del suelo público frente a dichos establecimientos”.

"DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Desde su punto de vista, la administración local están incurriendo en una flagrante “dejación de funciones”, dado que el Ayuntamiento de Lugo es “el titular de la vía pública” y, por lo tanto, el que, de acuerdo con los informes de los técnicos y la normativa en vigor, quien tiene la potestad para autorizar o no la instalación de una terraza.

Además, ese permiso por escrito “no se le exige a todos y en todos los casos”, lo que supone, al menos a juicio de esta organización, “una arbitrariedad manifiesta”.

Es más, recuerda que tal circunstancia “no figura en el texto del bando” emitido por el propio gobierno local, precisamente porque “es de difícil encaje legal, ya que se está otorgando a un particular -el propietario del local adyacente- la capacidad de decisión sobre un suelo público”.

“Desde Lugo Monumental siempre se ha defendido que el Ayuntamiento tome la decisión y que admita la oposición razonada de posibles perjudicados. Que sea la Administración la que aprecie la existencia de esos perjuicios y tome las medidas oportunas”, dijo Luis Latorre.

"INSEGURIDAD JURÍDICA"

Además, “a algún local se le ha notificado la obligación de modificar su terraza, cuando fue la propia administración la que le obligó en su momento a instalarla de una determinadad manera, con anclajes que ahora le obliga a retirar”.

A otros establecimientos se les ha notificado que tienen que “cambiar sus cubiertas” -sombrillas y parasoles-, mientras que a otros se les permite ocupar una parte amplia de calles estrechas”, de modo que “impiden el paso de vehículos de emergencias”.

A su juicio, esta situación supone “una inseguridad jurídica inasumible, además de hacerles incurrir en notables gastos por cambios de criterio de la Administración”.