El sector pesquero recurrirá el cierre de 87 zonas de pesca ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El sector pesquero español presentará un recurso de anulación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el cierre inminente, el próximo 9 de octubre, de 87 zonas a la pesca de fondo de Francia, España, Portugal e Irlanda.

El sector, tras una reunión mantenida con el resto de las flotas comunitarias afectadas y como integrante de la Alianza Europea de Pesca de Fondo, ya está analizando las demandas a interponer ante el órgano judicial comunitario, tras la publicación ayer en el Diario Oficial de la Unión Europea del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1614 de la Comisión, por el que se determinan las zonas de pesca en aguas profundas existentes y se establece una lista de zonas en las que se conoce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

El sector confía en mantener el respaldo mostrado hasta ahora por los gobiernos central y autonómicos en su denuncia de la tramitación irregular de este acto de ejecución, fundamentalmente ante la brevedad de los plazos para su entrada en vigor y para la presentación del recurso, que se podrá plantear a lo largo de los próximos 60 días desde su publicación e imprescindible para solicitar una medida cautelar de suspensión.

Además, el sector buscará el amparo del Parlamento y del Defensor del Pueblo europeos e intensificará su labor institucional para trabajar en la otra vía existente de enmendar la decisión de la Comisión Europea en la revisión anual de la medida, tras la actualización del informe científico por parte del Consejo Internacional para la Exploración del Mar en noviembre. En este caso, la entrada en vigor de cualquier modificación, alerta, se demoraría a los primeros meses de 2023. Paralelamente, el sector mantiene su opción de convocar paros y concentraciones ante organismos, tanto nacionales como europeos, en coordinación con otras organizaciones europeas.

Cabe recordar que el reglamento de ejecución prohíbe todas las actividades pesqueras que conllevan contacto con el fondo marino tales como arrastre, palangre o enmalle entre muchas otras en las 87 zonas de pesca antes mencionadas, lo que impactaría muy negativamente en el futuro de la pesca de fondo en el Atlántico nordeste y, por tanto, en más de 10.000 pescadores.

En concreto, la zona clausurada abarca 16.419 km2, entre los 400 y 800 metros de profundidad, en las que la Comisión Europea aduce la existencia de ecosistemas marinos vulnerables o la posibilidad de que existan.

El sector denuncia que el reglamento no ha contado con las consultas correspondientes obligatorias ni con un análisis de impacto socioeconómico y se basa, además, en informes con lagunas científicas como el uso exclusivo de la huella de pesca de los barcos de arrastre, y no de las artes fijas. Así mismo, desde el sector pesquero consideran que no se ha utilizado la “mejor información científica y técnica disponible”, puesto que España había aportado datos con una resolución muy superior a la utilizada por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar que no ha sido tenida en cuenta en la evaluación, propiciando que se muestre un impacto muy superior pero lo que mayor asombro causa entre los pescadores españoles y europeos es que las coordenadas de las zonas de pesca en aguas profundas existentes incluyen fondos menores a los 400 y 800 metros.