Los 'riders' protestan en Palma contra la nueva ley que obliga a las empresas a contratarlos

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que regula las condiciones laborales de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, la conocida como Ley de 'riders', por la que se obligará a contratar a estos trabajadores como asalariados en un plazo máximo de tres meses a partir de la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta ley "va a cambiar el signo de los tiempos" y sitúa a España en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia, pues "no hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esto".

El decreto de los 'riders' aprobado hoy es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado mes de marzo el Ministerio de Trabajo y Economía Social, CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y afecta a las relaciones laborales entre las plataformas dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto y sus trabajadores, es decir, que no afecta sólo a las empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Uber Eats o Deliveroo.

Los 'riders' protestan en Palma

La ley rider continúa adelante y cuando se apruebe, las empresas tendrán 90 días para regularizar la situación de los riders. Esta ley pretende que los repartidores dejen de ser autónomos y pasen a ser trabajadores de la plantilla. Una medida que tiene en contra a los trabajadores de este sector. Unos 50 trabajadores han salido a la calle esta mañana para protestar contra esta ley.

La portavoz de Repartidores Unidos, Mercedes Echegaray, explica que quieren continuar siendo atónomos para trabajar con las condiciones en las que están. De hecho, hay dos tipos de trabajadores, los autónomos que trabajan para distintas plataformas y los falsos autónomos.

Otro caso son los falsos autónomos, dice la portavoz, cuya situación sí que se debería regular aunque de manera correcta. Explica que con este sistema que propone el Gobierno, se contribuye a que estén en una situación más precaria. Trabajarán lo mismo, cobrarán menos y sus contratos serán inestables.