Un millón de personas con discapacidad, encerradas en casa

Según un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, un millón de personas con discapacidad no pueden salir solas de casa, así que Cristina se ha preguntado cómo es vivir encarcelado en tu propio domicilio. Daniel Aníbal García, secrt. Organización de COCEMFE, asegura que “es gente condenada sin haber cometido ningún delito, y mucha gente que sale es gracias al esfuerzo de su familia y amigos, no son autónomos”.

¿Cómo hace un adulto para bajar con silla de ruedas si no tiene más movilidad que unas muletas para ir a la calle? “Sin ascensor”, explica Daniel, “jugándose el tipo; hay mucha gente que sale de casa arriesgándose porque realmente no deberían hacerlo, y luego hay caídas y problemas por esas cosas. Y otras personas lo logran gracias a voluntarios, como la Cruz Roja que tiene programas de gente que ayudan a personas que puedan salir de casa por escaleras. Pero no podemos depender del voluntariado, que es un hoy sí hoy no”.

Una de las secuelas psicológicas es que las personas que sufren esto tienden a culparse por su situación, como explica García: “Es tremendo, cuando hicimos el estudio vimos que el 60 % de las personas con discapacidad tiene una imagen propia negativa por esa situación. Debe ser durísimo no poder salir de casa y, la vez, autoculpabilizarse. En lugar de darte cuenta de que tú eres el que estás siendo víctima piensas que dificultas la vida de la gente que te rodea”.

Cristina detalla que hay un Certificado de Movilidad Reducida bajo tres supuestos: dependencia total de una silla de ruedas, dependencia absoluta de muletas y, siendo posible la movilidad, que haya deficiencias intelectuales que impliquen conductas agresivas o molestias de difícil control, a lo que Daniel asegura que “es muy complicado obtenerlo. Llevo con él desde hace 4 años, y llevo con problemas de movilidad toda mi vida, problemas severos, pero físicamente tengo imposibilidad. No queremos que sea para todos pero sí para los que lo necesitan”.

Por fortuna este certificado tiene ventajas, “la principal es que tienes acceso a la placa de estacionamiento para vehículos. Nosotros reclamamos ventajas para transporte público y taxi”, detalla él.

El secretario de organización también explica que las comunidades de propietarios están obligadas a facilitar la accesibilidad: “Ha habido cambios legislativos muy importantes, la última fue en marzo de este año y cada vez hay más obligaciones. Actualmente, si una obra de accesibilidad tiene una subvención pública del 75 % del presupuesto, la comunidad de vecinos está obligada a hacerlo. Nosotros reclamamos que haya un fondo público, esto no puede depender del bolsillo de las personas. Hoy en día las viviendas más inaccesibles están en los barrios más pobres y no hay un fondo de accesibilidad”.

La segunda invitada es Nuria, una joven de 39 años y sufre el Síndrome Südeck, quien relata que le salió “a raíz de una simple operación de atroscopia. Provoca muchísimo dolor en la zona, pérdida de masa muscular, de movilidad en la articulación, cambios de coloración en la piel, etc.”

Nuria detalla que su vivienda “no está preparada”: “Es un cuarto sin ascensor, hay 68 escalones. Deambulo con muletas. Aparte de tenerlo en una rodilla y me hizo efecto espejo, así que lo sufro en la otra”. En cuanto a su trabajo, es en una empresa de empleo especial y allí sí es accesible: “Desde casa de momento no trabajo. Hace dos semanas sí que lo solicité y estoy pendiente de respuesta. Para trasladarme hasta allí lo hago con ayuda de mis padres. Muchas veces, sobre todo últimamente, subo el cuarto sentada ayudándome de los brazos porque cada vez menos masa muscular ya que es degenerativo, me cuesta horrores. No tengo acceso a VPO, lo solicité y me dijeron que no”.

El tercer invitado es Gaspar Cañamaque, quien padece esclerosis múltiple, tiene una silla de ruedas manual y se está mudando a un piso de planta baja ya que llevaba año y medio sin poder salir de casa: “Me encontraba fatal, he salido tres veces a la calle para ir al médico. Llevo así desde 2010 que me detectaron la enfermedad, al menos 6 años. Llevo desde 2016 peleando por una plataforma en el edificio, avisamos a la comunidad de que para 2017 había cambiado la ley y era obligatorio la accesibilidad. Se niegan unos porque no entendían o no entienden, otros que es una derrama, pero había otros a favor. Yo ya salgo de la cocina y estoy en la calle, pero antes me ayudaba mi mujer, se llevaba todo el follón. Muchas veces he tenido que llamar a la Policía para que me ayudasen par air al médico o al volver. Al futuro gobierno reclamo lo principal que se adapten, que no haya ninguna traba en que pueda haber en los edificios para poner accesibilidad. Esto es necesario”.