Antonio Herraiz, sobre el caso Begoña: "El Gobierno dicta al juez cómo tiene que desarrollar la investigación"

Buenos días. Soy Antonio Herraiz y dese las 6 te acompaño en Herrera en COPE de este 25 de julio, que es la festividad del patrón de España, del Apóstol Santiago.

Estamos en la víspera de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de París y menudo programón que esta noche nos han regalado en Tiempo de Juego. Ha pasado por los micrófonos de COPE Rafa Nadal, el piraguista Saul Craviotto, la campeona de triple salto Ana Peleteiro, la futbolista Alexia Putellas, la piragüista Antía Jácome. En fin. Rudy Fernández, Adriana Cerezo, Taekwondista, Jordan Díaz, atleta especialista en triple salto y bajo la batuta del presidente del COE, Alejandro Blanco. Todos con muchas esperanzas y con el convencimiento de que se puede superar la marca de 22 medallas de Barcelona 92.

Nadal, Craviotto y Peleteiro esta noche en los micrófonos del Tiempo de Juego con una decena de campeones que están ya en París y que se preparan para hacernos soñar.

Hoy la noticia está en el Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido porque ya les ha llegado la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esto a Pumpido y al resto de magistrados designados por el PSOE -son siete en total- no les ha pillado por sorpresa.

Entre otras cosas, les nombraron para avalar y blanquear la amnistía. Por eso saben el encargo que tienen que hacer, el lavado al estilo del perdón a los condenados por los ERE, y a por lo siguiente, que para eso les designó quien les designó.

En este caso, la cuestión de inconstitucionalidad contra la ley que Sánchez entregó a los separatistas para seguir en el poder, la promueve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Parte de un caso de desórdenes públicos, pero han entrado en el corazón de la ley, en las entrañas de la norma. Y lo hacen recordando principios jurídicos elementales y con argumentos contundentes. Entre otras cuestiones, el Supremo señala que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Sostiene que es arbitraria e impone un tratamiento claramente discriminatorio. Que transgrede los límites constitucionales. Que el procés fue un golpe de Estado.

Así podemos seguir un rato y son argumentos que, por otro lado, vienen advirtiendo desde el alto tribunal y desde cualquier ámbito de la Justicia que no esté contaminado por la órbita de Sánchez. En su escrito ante el Constitucional el Supremo concluye que es el sistema democrático lo que está en cuestión y que la medida de gracia promovida por el Gobierno altera las bases de la convivencia democrática.

Si todo esto, puesto en fila, con un argumento detrás de otro, se lo repetimos a cualquier ministro socialista antes de las elecciones del 23 de julio, lo habrían suscrito punto por punto, coma por coma. Alguno, incluso una semana después de los comicios de hace un año todavía siguió sosteniendo que la amnistía era ilegal, inconstitucional y que estábamos ante una línea roja que no iban a sobrepasar, por mucho que dependieran de los separatistas.

La cruzaron, se la saltaron, borraron esta y cualquier otra línea roja que hubiera en su camino para seguir en Moncloa y un año después estamos donde estamos.

Con Sánchez rindiendo pleitesía a Pere Aragonés en Barcelona para convencerle de que ponga el huevo y apoye al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Y así estamos, con los de Junts con un ataque de cuernos y de celos comprobando que no son imprescindibles para la investidura en Cataluña, elevando el chantaje en Madrid y complicando la legislatura en una inestabilidad irrespirable.

Nada de esto importa a Sánchez ni a los que le rodean. Lo de mantener el poder a costa de lo que sea sigue siendo marca de la casa. Por eso en la reunión de este miércoles en Barcelona no solo han firmado el traspaso de las competencias del ingreso mínimo vital. No. Lo que está en la mesa ahora mismo, como capítulo previo al referéndum, es una financiación singular para Cataluña. Es un concierto similar al del País Vasco y que puedan recaudar todos los impuestos, eso sí, previo perdón de todo lo que deben.

Todo esto genera una desigualdad entre españoles, que en el caso de la amnistía es esencialmente jurídica, con otras variantes añadidas, claro está, y aquí es económica. Qué le parece a un votante socialista de Madrid, de Extremadura, de Murcia, de Aragón, Andalucía, que el partido que presume de perseguir la igualdad entre españoles esté pactando y firmando justo lo contrario. Porque, vistos los antecedentes, Sánchez les dará a Esquerra esa financiación singular, si de esta forma mata dos pájaros de un tiro. Illa presidente de la Generalitat y apoyo garantizado en Madrid.

Luego ya se entenderá con Junts y Puigdemont con el enjuague que sea. Que tendrá que hacerlo si no quiere complicarse la viabilidad de la propia legislatura.

Y donde hay también novedades en la citación del juez Peinado a Pedro Sánchez para que declare en Moncloa el próximo martes.

El presidente no quiere pasar por ese trance, independientemente de que pueda acogerse a su derecho a no declarar... aunque la ley le ofrece una dispensa para no tener que testificar en contra de su mujer. No quiere esa imagen bajo ningún concepto. Eso no lo contrarresta ni la factoría de marketing de Moncloa ni todo el equipo de opinión sincronizada junto.

Sánchez le ha enviado un escrito al juez y le pide declarar por escrito. ¿El argumento? Se acoge al artículo 412 de la ley de enjuiciamiento criminal que, así, resumiendo dice que el presidente y demás miembros del Gobierno, así como determinados altos cargos del Estado, están exentos de concurrir al llamamiento del juez. Esto no les libra de tener que declarar, sino que les exime de tener que hacerlo presencial pudiendo resolverlo por escrito. Y esto es lo que pide Sánchez: Por razón de mi cometido como presidente del Gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito.

¿Qué ocurre? Que aquí se ha mezclado todo. ¿En condición de qué estaba Pedro Sánchez en la reunión de su mujer con el empresario Barrabés? ¿Cómo marido o como presidente del Gobierno? No es una figura neutral. Solo su propia presencia es un elemento de influencia e incluso intimidatorio. ¿En condición de qué llama Begoña Gómez a ese empresario o al rector de la Complutense a la propia sede del Ejecutivo? ¿Cómo mujer de o como ciudadana rasa?

Si tú lo metes todo en la coctelera, pisoteas cualquier principio ético y estético en el desarrollo de tus funciones, la confusión no la ha generado el juez. Es consecuencia de tu propio comportamiento.

Lo que sigue haciendo el Gobierno es dictar al juez cómo tiene que desarrollar la investigación. Cómo tiene que instruir el caso Begoña. Y esta vez, el recado se lo ha dado alguien que es juez como el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

¿Qué habría contestado Fernando Grande-Marlaska si un miembro del Gobierno le hubiera incitado a instruir de una determinada manera cuando él era juez?

Veremos si el juez Juan Carlos Peinado atiende o no esa demanda del presidente del Gobierno. Lo que Peinado ha recibido ya es el aval de la Audiencia Provincial para seguir investigando el caso Begoña. Tiene, al menos, dos meses por delante. Hasta el 30 de septiembre. Anda que no se les van a hacer largos a Pedro Sánchez, a Begoña Gómez, al Gobierno, al PSOE y todas sus terminales. Les salva agosto. Ya pueden agudizar el ingenio porque se les van a acabar los calificativos para atacar al juez y despreciar su investigación.