La Archidiócesis de Burgos recuerda a las exmonjas que no son las legítimas poseedoras del monasterio

La Archidiócesis de Burgos ha emitido una nota de prensa este miércoles en la que da repuesta al comunicado de la diez exmonjas clarisas de Belorado en el que rechazaban abandonar el Monasterio, el cual aseguran querer secularizar la actividad que se lleva a cabo en el Monasterio. “Hay que recordar que el Monasterio ya tiene naturaleza civil, al tener personalidad jurídica canónica en virtud de los Acuerdos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español”, replica la archidiócesis.

“Desde el momento en que estas personas han incurrido en excomunión, ya no forman parte de dicha comunidad y, en consecuencia, dejan de ser legítimas poseedoras del inmueble, sin título legal alguno para habitar ni permanecer en él. Sí lo poseen las ocho religiosas que siguen perteneciendo a la comunidad de Clarisas. El título legítimo corresponde a la persona jurídica (Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado) y no a las personas físicas”.

Además, niegan que se les “pretenda echar hasta las puertas de la calle”. “No es nuestra intención causar ningún perjuicio. Las exreligiosas son merecedoras de nuestro respeto y consideración. Pero, en realidad, son ellas quienes se han apartado de la Iglesia católica por una decisión «libre y personal», hecho que conlleva aparejada la exclusión de la vida consagrada”, continúa la nota de prensa.

“Respecto a lo manifestado acerca de la intervención de las cuentas corrientes, conviene recordar una vez más que, al haber sido nombrado un Comisario Pontificio, le corresponde a él la administración de los bienes y también, por tanto, la supervisión de las cuentas bancarias. Así lo han reconocido todas las entidades bancarias a las cuales se ha dirigido la Comisión Gestora, aportando la documentación que acredita al Comisario Pontificio como Representante Legal de las entidades religiosas en cuestión”.

“Como ya es conocido, el pasado 6 de junio, tres miembros de la Comisión Gestora se personaron en el Monasterio de Belorado para establecer un cauce de interlocución económica a través de la secretaria y ecónoma de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. En ningún momento se ha facilitado esta labor por parte de las exreligiosas, teniendo incluso que requerirse en dos ocasiones más dicha información. Hasta la fecha, esta documentación aún no ha sido entregada, dificultando así la correcta administración de los Monasterios”.

“Como ya se ha comunicado en nota de prensa esta misma mañana, las peticiones de pagos que han sido dirigidas a la Comisión Gestora están siendo estudiadas para resolverlas adecuadamente. Ante todo, hay que hacer frente a un evidente problema de liquidez en las cuentas bancarias, dado que el saldo obrante en ellas no permite satisfacer todos los pagos de manera inmediata”.

“Esta Comisión Gestora jamás ha expresado ninguna «amenaza al recurso a la fuerza pública» ni a ningún tipo de coacción. Nuestra actitud ha sido, es y seguirá siendo de respeto y consideración hacia las exreligiosas. Esto no es óbice para que se haya comunicado que, de no procederse a una salida voluntaria por parte de las exreligiosas, se iniciarán las acciones legales a las que haya lugar. En referencia al respeto y consideración, es preciso recordar que han sido las exreligiosas quienes recurrieron a la fuerza pública, cuando requirieron la intervención de la Guardia Civil para proceder a la expulsión del Monasterio de los miembros de la Comisión Gestora. Asimismo, denunciaron ante la Policía Nacional, y después ratificaron ante los Juzgados de Burgos, al mismo Comisario Pontificio”.

“Como no puede ser de otra manera, celebramos que se reconozca la autoridad de los Tribunales de Justicia, porque efectivamente a ellos corresponde velar por el cumplimiento de la legalidad vigente. Lo que no se llega a comprender es que en el citado comunicado se haga referencia a «dar una resolución extrajudicial al conflicto». No puede entenderse como un conflicto la actuación del Comisario Pontificio y representante legal nombrado por la Santa Sede, en aras a preservar la integridad de la persona jurídica de los Monasterios, de quienes legítimamente habitan en ellos y de los bienes monásticos. Por eso no tiene sentido la interlocución con «comisión profesionalizada» alguna; únicamente el cumplimiento de la legalidad vigente”.

“Manifestamos, una vez más, nuestra preocupación por las hermanas mayores y, de modo particular, por su atención espiritual, que tampoco ha estado cuidada durante este tiempo. El hecho de que las diez exreligiosas permanezcan fuera de la Iglesia católica dificulta el acompañamiento de las hermanas mayores que, aún con sus limitaciones, siguen siendo monjas católicas de clausura y conforman la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado”.

“Más allá de los temas jurídicos anteriormente expuestos, reiteramos la disposición de la Iglesia católica de acoger nuevamente en su seno, con entrañas de amor y misericordia, a quien quiera emprender el camino de regreso a casa, a ejemplo de la parábola del hijo pródigo”, concluye el comunicado.