La fiscalidad de la Iglesia, sin privilegios: Tendrá los mismos beneficios que cualquier fundación
El Gobierno derogará la Orden Ministerial que regula el pago del impuesto municipal para reformas y obras, incluido en los acuerdos con la Santa Sede
El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños
Publicado el - Actualizado
2 min lectura
La Iglesia tendrá los mismos beneficios fiscales que cualquier fundación, asociación de interés público, federación deportiva y resto de confesiones religiosas a las que se les aplica la ley de mecenazgo. Así, fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y la Iglesia católica en materia de fiscalidad, también lo será en la materia que afecta a las Contribuciones Especiales y al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
Así lo han acordado este 29 de marzo en un encuentro en el que ha participado el Nuncio Apostólico, Bernardito Auza; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en el Palacio de Santa Cruz, en Madrid.
Así, el Gobierno procederá a la derogación de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001 del Ministerio de Economía y Hacienda donde se regula la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
La ley de mecenazgo
El presente acuerdo manifiesta la voluntad inequívoca de la Iglesia de equiparar su régimen fiscal al del resto de confesiones religiosas y al de las entidades no lucrativas de nuestro país. Para ello, la Santa Sede renuncia a todos aquellos elementos del Acuerdo sobre asuntos económicos que suponían una diferencia con el régimen general. No obstante, ya en 2006 se renunció a las exenciones de IVA y ahora se completa con la renuncia al resto de exenciones (ICIO y contribuciones especiales).
La ley de mecenazgo, por tanto, constituirá el punto de referencia de su fiscalidad. El acuerdo se desarrolla en la voluntad compartida entre el Gobierno de España y la Conferencia Episcopal Española de equiparar el régimen fiscal de la Iglesia católica con las entidades sin ánimo de lucro, conforme al principio de no privilegio y no discriminación.