Nicaragua da un nuevo golpe a la Iglesia y expulsa a las Misioneras de la Caridad: "Nada lo justifica"

La Asamblea Nacional de Nicaragua,de mayoría gubernamental, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 101 ONG, incluida la Asociación Misioneras de la Caridad de la Orden Madre Teresa de Calcuta.

Las Misioneras de la Caridad, creada el 16 de agosto de 1988 durante el primer régimen sandinista (1979-1990) tras una visita a Nicaragua de Madre Teresa de Calcuta, mantenía una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, y un asilo de ancianos, que comenzaron a cerrar desde el pasado 15 de junio.

La disolución de las 101 ONG fue aprobada con carácter urgente y sin debate por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 15 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y uno se ausentó. La ilegalización de las Misioneras de la Caridad y de las otras 100 ONG fue propuesta por el diputado sandinista Filiberto Rodríguez, a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación.

Sin permiso para cuidar niñas y ancianos abandonados

Según un informe de la Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro de la cartera de Gobernación, las Misioneras de la Caridad incumplieron "con sus obligaciones" conforme la ley que los regula, y la Ley de Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Entre otros, las Misioneras de la Caridad no estaban acreditadas por el Ministerio de Familia para funcionar como guardería, centro de desarrollo infantil u hogar de niñas o asilo de ancianos, ni tenían permiso del Ministerio de Educación para realizar el reforzamiento de aprendizaje. Además, no reportaban activos fijos, ni sus actividades de su sede en la ciudad de Granada (suroeste): hogar de niñas, comedor, guardería y reforzamiento de aprendizaje.

Otro motivo para disolver esa ONG, alegó la Gobernación, es que la Junta Directiva estaba integrada únicamente por ciudadanas de otras nacionalidades, y la nueva ley que los regula, en vigor desde hace dos meses, establece que solo el 25 % de las personas que integran la directiva pueden ser extranjeras.

Las monjas cierran obras, obligadas a irse de Nicaragua

Las religiosas de la Orden Madre Teresa de Calcuta, que han comenzado a abandonar Nicaragua tras ser notificadas por el Ejecutivo, administraban el Hogar Inmaculado Corazón de María en la ciudad de Granada en el que albergaban a adolescentes abandonados o víctimas de abusos, a quienes les brindaban ayuda psicológica y educación integral.

Junto a las clases regulares, enseñaban música, teatro, costura, belleza y otros oficios para que se pudieran reinsertar en la vida. Asimismo, contaban con un asilo de ancianos en Managua, a quienes les proveían alimentación, vestimenta y otros cuidados.

También desarrollaban un proyecto en el que brindaban reforzamiento escolar a estudiantes en situación de riesgo, en su mayoría hijos de mujeres trabajadoras de los mercados populares. Además tenían una guardería en la que cuidaban a decenas de niños de familias de escasos recursos, cuyos padres - principalmente madres solteras y vendedoras en los mercados, ambulantes, o por cuenta propia -, no tienen para pagar por el cuidado de sus hijos.

Esas obras benéficas comenzaron a ser suspendidas gradualmente desde el pasado 15 de junio, cuando fueron notificados por las autoridades que los iban a cerrar.

Nicaragua ha cerrado 758 ONG

Además de las Misioneras de la Caridad, fueron disueltas la Asociación de Reporteros Gráficos de Nicaragua, Asociación de Obreros Bananeros de Occidente Afectados del Nemagón, Fundación Maternal "Mi infancia", Asociación para el Desarrollo de los Niños y Niñas Nicaragüenses, Asociación para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Asociación Niños y Mujeres Abandonadas, entre otras.

Con esas nuevas 101 asociaciones sin fines de lucro se elevan a 758 las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) - de más de 6.000 - cuya ilegalización ha pedido el Ejecutivo nicaragüense.

Estas medidas son promovidas por el Gobierno desde diciembre de 2018, ocho meses después de que estallara una revuelta popular - o riginada por unas controvertidas reformas a la seguridad social - calificada como intento de golpe de Estado por Ortega.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que ha dejado centenares de muertos en protestas populares tildadas de intento de golpe de Estado por Ortega, que lleva 15 años y 5 meses consecutivos en el poder, en medio de denuncias de autoritarismo y fraude electoral.