Nicaragua: El obispo Rolando Álvarez, conducido a prisión después de negarse a partir al exilio

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha confirmado que el obispo Rolando José Álvarez ha sido conducido a prisión después de que este jueves 9 de febrero el titular de la diócesis de Matagalpa se negase a embarcar en el avión que ha trasladado a Estados Unidos a 222 presos políticos. El prelado, que es también administrador diocesano de la diócesis de Estelí, estaba privado de libertad desde el pasado mes de agosto, peo en situación de arresto domiciliario.

La medida confirma las informaciones de los últimos días que indicaban que se le había dado a elegir entre “el exilio o la cárcel”. Rolando Álvarez ha sido trasladado a la cárcel modelo de Nicaragua, un penal de máxima seguridad situado a las afueras de Managua.

Álvarez pidió hablar con los demás obispos

Según ha declarado Daniel Ortega a los medios locales, el obispo fue trasladado ayer desde su casa al aeropuerto junto al resto de presos para su deportación pero cuando estaba en la fila para subir al avión aquel dijo que no embarcaría sin hablar antes con sus hermanos obispos.

El presidente nicaragüense ha criticado esa actitud, argumentando que la orden de expulsión era “una decisión del Estado” que no se podía “cuestionar” y que había que acatar. Es, argumenta, la “resolución de un poder del Estado que lo está mandando irse del país”. No se le pudo subir a la fuerza al avión, dice, porque el acuerdo alcanzado con las autoridades estadounidenses precisaba que los prisioneros tenían que salir por voluntad propia.

Ortega ha cuestionado la salud mental de monseñor Álvarez — está “desquiciado”, ha dicho — y ha reconocido que tendría que ser atendido por las autoridades médicas de la prisión porque llegó hecho “un energúmeno”. Hasta ahora “se le ha tratado de una menara increíble, como a ninguno en este país”. Si está en El Chipote es porque “él lo decidió”, sostiene.

Juicios sin garantías

Rolando Álvarez, de 56 años, fue detenido el pasado 19 de agosto en la sede de la curia de Matagalpa junto a otros cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo. La policía los arrestó después de protagonizar un encierro para denunciar el acoso y el cierre de los medios de comunicación de la diócesis. Los acusó de “organizar grupos violentos”, incitar a “ejecutar actos de odio”, y “desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades constitucionales”. Este 6 de febrero todos ellos fueron condenados a diez años de cárcel por el delito de “traición a la patria” y sancionados con la “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”. El juicio del obispo, inicialmente programado para el 28 de marzo, ha sido adelantado y supuestamente se celebrará este 15 de febrero.

La vista de los presbíteros y seminaristas incumplió las más elementales normas de derecho, por lo que no se puede decir que tuvieran un juicio justo. De hecho, los acusados —los padres Ramiro Tijerino (rector de la Universidad Juan Pablo II), y José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario general de la catedral de Matagalpa respectivamente— ni siquiera pudieron elegir a sus abogados defensores, siéndoles asignados uno de oficio. Todos ellos partieron al exilio ayer, junto a los seminaristas Davin Leiva y Melkin Sequeira, el operador de cámara Sergio Cárdenas y otros colaboradores laicos de la diócesis.