El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha recordado al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que un juez ya avaló la continuidad de las obras en La Cantueña y ha insistido en que el "caos migratorio" del país es culpa del Gobierno de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite un recurso del Consistorio que impugna la adjudicación del contrato de emergencia de la Comunidad para acometer las reformas para construir el centro de acogida de menores no acompañados en este emplazamiento.

"Yo entiendo que al alcalde no le gustan las resoluciones judiciales y, como no le gustan las resoluciones judiciales que no le dan la razón, lo intenta de otra manera. La admisión a trámite está dentro del procedimiento ordinario y normal", ha señalado el consejero, quien se ha referido así a la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid que daba luz verde a la continuidad de las obras por el "contexto de intensificación de presión migratoria y falta de recursos".

Igualmente, el consejero madrileño ha asegurado que cuando se les comunique dicha admisión a trámite darán las explicaciones oportunas y facilitarán el expediente por el que se iniciaban las obras de construcción del centro. Entienden que el pronunciamiento del juez en esta ocasión irá en la misma línea que la primera resolución.

García Martín ha insistido en que los menores acompañados no han llegado "por generación espontánea" hasta región sino que ha sido "el caos migratorio" al que tiene sometido al país "el Gobierno de Pedro Sánchez" el que lleva a que las autonomías tengan "saturadas" las redes de atención a las personas migrantes y en particular a los menores.

A su parecer, lo que tiene que hacer Ayala es "acatar las resoluciones judiciales", "dejar trabajar a otras administraciones públicas, como la Comunidad de Madrid, que está cumpliendo con la legalidad vigente", y sumarse a las reivindicaciones de las comunidades autónomas de pedirle al presidente de Gobierno "que frene ese caos migratorio, que haga un control de las fronteras".