Los cuatro guardias civiles que sobrevivieron el pasado febrero a la embestida de una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) declaran mañana ante el juzgado que investiga posibles responsabilidades penales de los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo en el que dos agentes murieron, ha informado la Asociación Unificada de la Guardia Civil.

Junto a ellos, el juez tomará declaración al capitán del Servicio Marítimo de la Guardia Civil que estaba en el puerto, que transmitió a los mandos superiores la situación que es estaba viviendo en él, con varias narcolanchas refugiadas del temporal, y que recibió las órdenes de actuar.

Las diligencias se abrieron tras una denuncia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).

La AUGC interpuso esta denuncia por considerar que los mandos de la Guardia Civil de Andalucía y Cádiz responsables del operativo sometieron a los guardias civiles en el operativo de Barbate a un riesgo evidente, con medios muy inferiores a los que tenían los narcos.

Este "grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno".

Un juzgado de Barbate instruye por un lado las diligencias para detener a la tripulación de la narcolancha que acometió la embestida, cuyo piloto está supuestamente huido en Marruecos, mientras que otro instruye el sumario para determinar si los mandos de la Guardia Civil que ordenaron el operativo cometieron alguna responsabilidad penal.

El pasado mayo el juzgado rechazó la petición de la Fiscalía de archivar las diligencias abiertas para depurar posibles responsabilidades penales de los mandos y pidió su identificación.

El juzgado también acordó incorporar a los autos las declaraciones prestadas ante el juzgado por los guardias civiles supervivientes, que viajaban con los dos agentes que resultaron fallecidos, en la lancha que sufrió las embestidas de las narcolanchas en el puerto de Barbate cuando iban a identificar a sus tripulantes.

En aquellas declaraciones "manifestaron las inaceptables condiciones de seguridad y de falta de medios" con las que se enfrentaron a las narcolanchas, según informó entonces la AUGC.

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) también se sumó a las acusaciones y denunció por un presunto delito de homicidio por imprudencia y delitos de lesiones graves al general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Andalucía y al coronel jefe de la Comandancia de Cádiz como responsables de aquel operativo, en el que murieron los agentes Miguel Ángel González y David Pérez.