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El Parlamento aprueba la movilidad laboral de trabajadoras de la Administración víctimas de violencia de género

Europa Press

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 13:57

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves, con los votos a favor de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, la ley foral de modificación del Decreto Foral Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra para "favorecer la movilidad interadministrativa de las empleadas públicas víctimas de violencia de género", con el fin de "hacer efectivo su derecho a la protección personal y familiar, sin merma de sus aspiraciones profesionales".

Según recoge el texto, presentado por PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, "en el supuesto previsto en el artículo 35 bis del presente estatuto, las empleadas al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra acreditadas como víctima de violencia sobre la mujer conforme al artículo 4 de la Ley Foral 4/2015 de 10 de abril, podrán solicitar su movilidad a otra Administración Pública fuera de la Comunidad foral".

"Dicha movilidad se producirá en los términos en los que el ordenamiento vigente de la Administración Pública de destino regule tal movilidad, estableciéndose, igualmente, las condiciones en las que se producirá su incorporación preferente a una plaza de la plantilla de la mencionada Administración Pública de destino", añade lo aprobado.

Del mismo modo, incluye, la empleada pública de una Administración pública de fuera de Navarra, víctima de violencia de género que solicite esta movilidad para hacer efectivo su derecho a la protección y asistencia integral, podrá incorporarse a una plaza vacante del Gobierno de Navarra que le será asignada en los términos previstos en el artículo 35 bis del presente estatuto".

El grupo parlamentario Vox había presentado una enmienda de sustitución, rechazada con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin, dirigida a calificar como "intrafamiliar" o "violencia" a secas, la "violencia sobre la mujer" a la que se alude en la propuesta de modificación.

La socialista Inma Jurío ha manifestado, en la defensa del texto, que se trata de "una proposición que obedece a una necesidad, a una obligación que tienen las Administraciones públicas de dar respuesta a una situación muy sensible en nuestras sociedades y que afecta a una parte de nuestra sociedad que está constituida por mujeres; mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, son mujeres que sufren violencia de género a manos de sus parejas, sus exparejas o que sufren violencia machista".

Ha señalado que no se trata de una proposición política, "es algo que nos puede afectar a todas". "Creemos que las Administraciones públicas ante tal situación deben dar y están obligadas a dar una respuesta que con garantías jurídicas les permita superar y ser supervivientes de esa situación de maltrato a la que se ven sometidas, porque con ello les vamos a otorgar protección, seguridad personal y familiar, vamos a conseguir su empoderamiento y vamos a permitir que sigan manteniendo su situación profesional que también ayuda a volver a recuperar esa parte de tu vida", ha dicho.

Jurío ha recordado que esta proposición "surge como consecuencia de una mujer que ha sido en Navarra víctima de violencia de género y que solicitó el traslado a otra comunidad autónoma y Función Pública Navarra le denegó porque no existe un sustento jurídico". "Podíamos haberlo hecho antes, haberlo hecho mejor pero este es el momento", ha comentado.

La parlamentaria de UPN Marta Alvárez ha indicado que "no teníamos que haber llegado a esta situación" y "sí es una proposición política pero no ideológica". "Favorecer la movilidad laboral de una víctima de violencia de género reconocida judicialmente con una condena a su agresor es fundamental para garantizar la seguridad de la víctima ya que ello reduce la posibilidad de que el agresor la encuentre y de que haya nuevos episodios de violencia o represalias", ha dicho, para criticar que "hoy estamos aquí porque ha habido una víctima empleada pública con un hijo menor de edad a los que el Gobierno de Navarra no ha apoyado". "Esto es un síntoma claro de ineptitud del Gobierno de Navarra", ha comentado.

Desde EH Bildu, Irati Jiménez ha señalado que apoyarán esta modificación que "sí es política" porque "avanzamos en feminismo". "Se hace tarde pero para que no ocurra en adelante", ha dicho, para señalar que "debemos revisar el ordenamiento jurídico desde esta perspectiva para detectar las carencias y trabajar para que no se produzcan". "Si una empleada pública víctima de violencia machista necesita, para seguir adelante con su proceso y recuperarse, vivir y trabajar fuera de Navarra, es responsabilidad de la Administración poner los medios para que ello ocurra", ha comentado.

La parlamentaria de Geroa Bai, Blanca Regúlez, ha indicado que "la modificación de hoy incide de lleno en la vida de las mujeres víctimas de violencia de género y concretamente en la vida de las mujeres víctimas de violencia de género funcionarias". Según ha dicho, "la violencia de género existe le pese a quien le pese y desde Geroa Bai estaremos siempre enfrente de quien la niegue". Ha esperado que "hoy podamos reparar" a la víctima, a quien "se le ha hecho pasar por un periplo que no debería haber sufrido, un periplo que se suma a toda su historia de violencia, una revictimización múltiple".

Por su parte, Javier García, del PPN, ha criticado que el Gobierno "ha incurrido en ciertos errores y este es uno de ellos que debemos de solventar por la falta de gestión". "Votaremos que sí, como obligación y como debemos de hacer", ha dicho.

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Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha manifestado que "hoy corregimos un error grave tratando de garantizar la movilidad interadministrativa para cualquier trabajadora pública que sufra violencia de género o violencia machista y que decida moverse a otra Administración". "Pero no solucionamos el problema de la violencia machista que tenemos", ha comentado, para incidir en que "estamos en el deber moral de aprobar esta proposición de ley".

Finalmente, Maite Nosti, de Vox, ha criticado que la proposición de ley "ha pasado a ser un arma arrojadiza contra Vox" y ha reprochado que "han dejado abandonadas a estas mujeres, arrojándose al visceral odio hacia Vox". Ha indicado además que "solo se pide para las mujeres que sean víctimas de la violencia, añadan también a los hombres, si los hubiera, y a los hijos de estas víctimas, que pueden estar trabajando en la Función Pública".

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