La Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos de Andalucía (Avva Pro) ha reclamado "garantía jurídica y salvaguarda de los derechos de los propietarios" en la aplicación del decreto sobre viviendas de uso turístico aprobado por el Gobierno andaluz a principios de este año.

A través de este decreto, la Junta ha iniciado las revocaciones de un total de 2.445 inmuebles turísticos del Registro andaluz de Turismo, de los cuales 721 han sido en Sevilla, 617 en Cádiz, 435 en Málaga, 316 en Granada, 140 en Almería, 87 en Huelva, 79 en Jaén y 50 en Córdoba. A partir de este decreto, Andalucía reconoce la competencia de los ayuntamientos a establecer limitaciones, prohibiciones o condicionantes por razones urbanísticas de ubicación o zonificación.

A este respecto, el vicepresidente de Avva Pro, Nacho Chaves, en declaraciones a Europa Press, ha puesto de relieve, que tras el llamamiento de los ayuntamientos a eliminar viviendas de uso turísticos por incumplimiento de los planes generales de ordenación urbana tras someterse éstos a modificaciones, el propietario debe tener "posibilidad de audiencia y personarse en la causa para alegar".

Chaves ha advertido que si no se preserva la garantía jurídica el propietario, el proceso de aplicación del decreto sobre las viviendas turísticas se puede "ver judicializado" y llevar a los gobiernos municipales y autonómico a verse envueltos en "multitud de trámites jurídicos innecesarios".

Desde la Asociación de profesionales de viviendas y apartamentos turísticos andaluces consideran necesario salvaguardar los derechos de los propietarios, por lo que exigen que, una vez notificado el imcumplimiento, se abra un plazo en el que puedan aducirlo antes de proceder a la eliminación del registro.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, aseguraba este pasado martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que la Consejería de Turismo trabaja con los municipios la aplicación de esta normativa autonómica para "ir aterrizando sobre caso a caso". Defendía entonces un procedimiento que culmina con "la revocación de la licencia" para operar como vivienda de finalidad turística a partir de una declaración responsable, de manera que la Administración le da "audiencia al interesado" y si "después hay una comprobación de haber incumplido el Plan General de Ordenación Urbana o cualquier otra normativa se revocará" la decisión inicial de conceder esa calificación.

El consejero y portavoz ha sostenido que un procedimiento que sustenta en una declaración responsable no es óbice para que sea seguido de "una labor inspectora", de manera que "la Administración lo comprueba". "La declaración responsable no es patente de corso, en caso de que no se cumpla, se saca del Registro", ha sostenido.