El Tribunal de Cuentas de la UE ha alertado en un informe publicado este lunes de las dificultades que deben afrontar los ciudadanos europeos que quieren que se reconozcan sus cualificaciones profesionales en otro Estado miembro, ya que las capitales no controlan regularmente la duración de los procedimientos de reconocimiento, y no siempre actúan con la rapidez exigida por la legislación comunitaria.

El número de profesiones reguladas en los Estados miembro varía considerablemente --desde 88 en Lituania hasta 415 en Hungría-- y, según el cálculo que realizaron los auditores a partir de datos de 2023, cada Estado miembro regula una media de 212 profesiones, lo cual equivale a unas 5.700 profesiones en toda la UE.

Los auditores recuerdan que la Comisión Europea, haciendo uso de su función de coordinación en materia de empleo, adoptó en 2005 la directiva relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, cuyo objetivo es evitar que los Estados miembro impongan condiciones excesivas a los ciudadanos otro país europeo que deseen ejercer una profesión regulada en su territorio.

Pese a que el reconocimiento de cualificaciones profesionales en la UE es un mecanismo "esencial", el informe concluye que este se utiliza "poco" y de manera "poco coherente", para ejercer una profesión regulada en otro Estado miembro, mientras que su aplicación presenta "deficiencias" que afectan directamente a los ciudadanos y escasean procedimientos electrónicos, con tasas que se fijan arbitrariamente y difieren considerablemente entre diferentes países.

"El proceso de reconocimiento de las cualificaciones profesionales puede resultar disuasorio para un enfermero o un mecánico que deseen trabajar en otro Estado miembro, debido a su excesiva duración y a los pesados procedimientos burocráticos", ha explicado el auditor responsable del informe, Stef Blok, quien ha acusado "profundas disparidades" en los procedimientos.

Por todo ello, los auditores recomiendan a la Comisión exija una revisión de las pruebas de proporcionalidad realizadas por los Estados miembro para supervisar la eficacia de todo el sistema y adoptar medidas correctoras oportunas y eficaces si se detectan insuficiencias, centrándose especialmente en la obtención de datos armonizados de conformidad con sus obligaciones de notificación y en garantizar el respeto de los plazos establecidos en la directiva para cada uno de los diferentes procedimientos de reconocimiento.

Además, los auditores consideran que, para proteger a los ciudadanos de la UE, se debe integrar el mecanismo de alerta en el procedimiento de reconocimiento de las profesiones que tengan implicaciones en la salud o en la seguridad, así como de las que exijan integridad, especialmente cuando impliquen el trato con menores.