El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas lamenta que España mantenga un sistema educativo que "en la práctica" segrega a unas 40.000 personas con discapacidad a través de su escolarización en escuelas o centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias.

El secretario de este Comité de la ONU, Jorge Araya, ha presentado a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sus últimos pronunciamientos en materia de educación inclusiva, que afectan directamente a España.

Así, "deplora" que los problemas y retos estructurales que en 2017 lo llevaron a adoptar un informe de investigación persistan y ve con preocupación que hay "un riesgo de retroceso en la implementación del derecho a la educación inclusiva y de calidad en la medida que algunas autoridades" siguen promoviendo la escuela especial.

Entre sus recomendaciones, el Comité pide revisar o aprobar con urgencia leyes para reconocer la educación inclusiva y de calidad como un derecho de las personas con discapacidad.

A los tribunales les pide revisar su jurisprudencia para ajustarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, "reconociendo que la segregación educativa", a través de la escolarización en centros especiales y unidades específicas en aulas ordinarias "no es compatible" con el tratado ni tampoco la coexistencia de los dos sistemas y que las necesidades de apoyos "en ningún caso" justifica su exclusión de la educación general.

Al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes le demanda la adopción "sin dilación" del plan de educación inclusiva previsto en la Lomloe, y a las autonomías, ayuntamientos y centros educativos a "identificar con miras a su eliminación" las normas que siguen permitiendo la escolarización, basada en evaluaciones psicopedagógicas, en centros especiales y unidades específicas.

Entre sus conclusiones, el Comité observa que España cuenta con todos los recursos humanos, de infraestructura, sociales, económicos y financieros para avanzar en la implementación del derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad en el sistema general de educación y "llegar a convertirse en un modelo de inclusión educativa y de calidad".

Y valora el conjunto de medidas legislativas, de política pública, estrategias, planes y programas que el Gobierno ha impulsado, sobre todo en 2022 y 2023 para mejorar el marco normativo y de políticas públicas para la implementación del derecho a la educación inclusiva.

Con la información disponible, incluyendo la presentada por escrito por el Gobierno y la proporcionada en las audiencias de seguimiento llevadas en marzo de 2024, el Comité de la ONU decide continuar con el seguimiento al informe de la investigación y solicitar a España que presente un nuevo informe en 2029.