La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este miércoles el dictamen sobre el proyecto de ley orgánica del derecho de defensa presentado por el Gobierno, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el de Vox, por lo que será elevado al pleno para su votación.

El grupo socialista ha calificado el contenido de este proyecto de ley de "medidas valientes" para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a la Justicia y con un marcado "impulso reformista que debe de partir de grandes consensos".

Por ello, su portavoz en la Comisión, Joaquín Martínez Salmerón, se ha congratulado de que de las 146 enmiendas presentadas por los grupos se haya aprobado una gran mayoría de enmiendas y solo queden una decena de enmiendas vivas, de las que cinco son de Vox.

Hemos avanzado en temas importantes, ha expuesto, como el de las costa procesales, la referencia al abogado por cuenta ajena, el lenguaje accesible, la conciliación de los profesionales o el uso de las lenguas oficiales, y "seguimos trabajando en lo que nos une fruto del compromiso del gobierno para modernizar la justicia".

Pese a ser muy crítico con algunos aspectos de este proyecto de ley, como el de permitir a los ciudadanos el uso de las lenguas cooficiales en cualquier tribunal del territorio español, el PP ha optado finalmente por votar a favor del dictamen de la Comisión de Justicia tras pactar una enmienda transaccional con el grupo socialista.

No obstante, la diputada del PP María Eugenia Carballedo ha advertido al Gobierno que, o llega a buen fin este acuerdo al que ha llegado con el PP, o se vuelve con los independentistas.

Tras señalar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ha cruzado muchas líneas rojas" a cuenta de los separatistas, ha lamentado que ahora quiera hacer suyas sus reivindicaciones en cuanto al uso de las lenguas cooficiales en los juzgados.

"¿Quién va a pagar el festín de intérpretes y traductores por el capricho de hablar euskera en Canarias? No lo sabemos. Los medios técnicos, el Ministerio, pero ¿y los medios humanos?", se ha preguntado.

La diputada ha hecho también referencia al acuerdo alcanzado entre el PP y el PSOE para la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), algo, ha dicho, que entiende que ha puesto "nerviosos" a los socios del gobierno.

Por eso ha pedido al Grupo Socialista que no vuelva a echarse "en brazos" de los independentistas porque no los necesita para alcanzar acuerdos que mejoren el funcionamiento de la administración de Justicia.

También ha nombrado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para subrayar que si es él el que confiesa haber vulnerado el derecho de defensa por filtrar datos de un pacto con un ciudadano, en referencia al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "aquí no pasa nada".

Por eso ha considerado que ante una situación así "lo que hacemos aquí hoy es papel mojado y un ejercicio estupendo de cinismo -ha dicho-".

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Los demás grupos, al igual que el PP, también han considerado que cabían mejoras en el texto, como las encaminadas a la conciliación familiar de los abogados, pero en su mayoría se han mostrado satisfechos con el proyecto de ley.

El portavoz del grupo vasco, Mikel Legarda, ha manifestado su satisfacción por haber conseguido llevar a buen término la tramitación, mientras que el de EH-Bildu, Jon Iñarritu, le ha dado su respaldo "sin grandes entusiasmos".

Desde el grupo plurinacional de Sumar, Enrique Santiago, también ha celebrado que salga adelante este proyecto de ley y ha defendido que entre otras cosas, garantiza el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la administración de Justicia en un lenguaje claro y accesible, mientras que el grupo mixto y el republicano han coincidido en echar en falta "mayor ambición" en el texto legislativo.

Vox se ha opuesto al proyecto de ley al considerar que es "el mejor ejemplo de una ley innecesaria" porque, según ha explicado, se trata de "un popurrí de legislación ya existente y de imposiciones de los grupos separatistas" en materia lingüística. EFE

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