El castellano es la lengua oficial del Estado: todos tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla

El 11 de octubre de 1978 el Pleno del Congreso de los Diputados y del Senado aprueban el texto de la Constitución que es sometido a referéndum el 6 de diciembre. El pueblo español lo aprueba en su inmensa mayoría. El 27 de diciembre el rey don Juan Carlos firma la Constitución.

Para Cruz Martínez Esteruelas “la falta de modelo o prototipo en el concepto Estado de las Autonomías es un factor importante ya que la necesidad de lo novedoso paga aquí el precio de una cierta orfandad jurídico-política”.

Ante la disyuntiva propiciada por la propia historia política y constitucional de España, de si la autonomía tenía que ser para determinadas regiones, o generalizada para todas, se eligió esta última. Sin embargo, la diversidad de tratamiento se hizo evidente: Cataluña, el País Vasco y Galicia tenían modelos específicos de autonomía dentro de la propia Constitución.

El problema “no es de forma sino de fondo y sobre todo de propósitos y sentimientos”. Lo más importante es la voluntad de permanecer Unidos.

En el lenguaje de Ortega, “Empresa común es la voluntad de constituir una misma Nación organizada en un mismo Estado, este es el hecho decisivo lo que se llama la empresa común”. Un aspecto importante es el respeto y enseñanza de la lengua nacional que en nuestro país es el castellano, del que la Constitución proclama en el artículo 3, punto 1: El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla; punto 2: Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos; punto 3: La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

El 26 de noviembre de 1996 el diario ABC recoge las quejas de los padres y profesores de los centros concertados ante el problema que plantea el Gobierno vasco la euskaldinización forzosa de la enseñanza que pretende por decreto la liquidación del modelo en castellano, propuesta por Oliveri de Eusko Alkartasuna, Consejero de Educación. Ante esta situación se produce una huida de los alumnos vascos a los centros concertados, los padres siguen prefiriendo las redes concertadas y privadas donde pueden convivir ambos modelos. En el Curso 96-97 el modelo de enseñanza bilingüe supera al de la educación sólo en euskera, en total 176.138 alumnos entre los 3 y los 18 años estudian en colegios concertados y privados frente a los 171.373 matriculados en la red pública.

Para la agrupación de centros religiosos de Vizcaya, el mapa escolar acentúa cierto dirigismo político no solo al marginar en su elaboración a los centros de iniciativa social que constituyen el 50 por cierto de la población escolar sino también por la exclusiva asignación económica de 10.240 millones para los centros públicos. “Nos ha sorprendido- añade esta agrupación- la ausencia de una planificación democrática y la falta de respeto a los diversos comportamientos éticos”.

La Federación católica de padres de alumnos de Vizcaya se manifestó en contra del Gobierno. Su presidente Luis Colorado aseguró que “el mapa escolar ya sea en la enseñanza pública o privada en pleno siglo XX y en Europa, es una aberración tal y como se ha presentado”.

Una gran parte del profesorado ha secundado las protestas contra la nueva política cuando se aprobó. Más de 200 docentes vascos de Secundaria publicaron un documento por considerar que “estrangulaba la enseñanza del español. Quien quiera educar a sus hijos en la escuela pública deberá hacerlo en euskera y quienes elijan el castellano se verán condenados al ostracismo de las zonas marginales”.

En el manifiesto los profesores explican que “una parte de quienes dirigen a sus hijos hacia la enseñanza de euskera lo hacen por el estrangulamiento de la línea en castellano presionados por el temor de que no encuentren trabajo si no hablan la lengua vasca”.

El documento da la voz de alarma sobre el daño que la política lingüística del gobierno vasco representa para la calidad de la enseñanza, al obligar al profesorado a enseñar en euskera sin haber tenido la preparación necesaria. “Cambiar la lengua del profesorado es cambiar su herramienta de trabajo”.

En el país Vasco son centenares los profesores castellano hablantes que por no conocer el euskera están temiendo perder su puesto de trabajo. En la actualidad más de 900 docentes no responden al perfil lingüístico demandado; por eso están siendo sustituidos en su puesto de trabajo por personal externo a la administración. El director de un colegio público en Vitoria explica que “se ha originado un enfrentamiento entre los profesores de euskera y los demás. Hoy cada uno va a defender su puesto de trabajo, “no hay diálogo -afirma- por el miedo del profesorado al no saber con quién está hablando.” La asociación de padres de la escuela pública señala: “siempre han convivido ambos modelos de escuela niños de vasco y de castellano han jugado juntos y ahora se los quiere separar…”

Lo que piden amplios sectores de la comunidad educativa en el País Vasco es “respeto hacia la decisión de los padres y hacía la realidad social. La función de los poderes públicos -concluyen- es la de garantizar el ejercicio práctico del derecho a la libertad de elección de los padres, reconocido explícitamente en nuestra legislación”.

En el mundo, 400 millones de personas tienen como lengua materna el español. En el Congreso, el presidente de Vox pidió que nuestro idioma fuera obligatorio en todas las escuelas, a lo que se sumó el Partido Popular. Ninguna comunidad autónoma tiene derecho a privar a los

jóvenes españoles de este derecho. Las lenguas cooficiales como el catalán, el vasco y el gallego, sin duda son importantes en cada comunidad pero ni con el catalán ni con el vasco ni con el gallego se van a poder comunicar nuestros jóvenes fuera de nuestras fronteras cuando salgan a buscar trabajo.

Este es un reto para la Ministra de Educación: propiciar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos en todos los centros educativos, cumpliendo así el mandato constitucional: “EL CASTELLANO ES LA LENGUA ESPAÑOLA OFICAL DEL ESTADO. TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN EL DEBER DE CONOCERLA Y EL DERECHO A USARLA.”