500 músicos alertan de los perjuicios que les va a causar la nueva ley de propiedad intelectual

El rechazo a la modificación de la ley de propiedad intelectual que la semana que viene comienza debatirse en el Congreso sigue sumando voces. Esta vez es la de los músicos españoles que se sienten agredidos por las enmiendas que favorecen a entidades de gestión de derechos de autor como AGEDI que representa a las multinacionales.

Victor Manuel, David Sumers, Antonio Carmona, Rosario Flores, Alberto comesaña, el Cigala, Pepe Habichuela y así hasta 500 artistas españoles han firmado por el momento un comunicado denunciando los devastadores efectos de las enmiendas que han pactado en un hecho sin precedentes PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, y que favorecen tanto a la sociedad de gestión AGEDI, como a las multinacionales de la música, y que perjudican gravemente a usuarios, radios y televisiones comerciales y también a los músicos independientes. “Tampoco nos sorprende. Este país es absolutamente penoso en cuanto a política cultural. España es un país de pandereta, y estas enmiendas son ya el colofón para acabar con todo”, explica Teo Cardalda

Cardalda, de Cómplices, es uno de esos artistas independientes que han rechazado a las multinacionales por razones como la que explica el Camborio: “Firmé con las multinacionales el ‘no estamos locos’ o ‘vente pa Madrid” que lo tienen de por vida y cuando yo me muera lo tienen 80 años más”.

Acusan a los grupos parlamentarios de no haber escuchado más que a una parte y de haber obviado a los más débiles. Huecco exige a los 4 partidos políticos “que están muy nerviosos con aprobar estas enmiendas” que escuchen a todas las partes y que “con toda la información en la mesa se tomen las decisiones” Los músicos independientes se resiste a morir, por eso no se van a quedar quietos. Si se aprueban las enmiendas acabarán llamando a la puerta del tribunal supremo para pedir su intervención, porque hay muchas partes que son “claramente anticonstitucionales” advierte el gaiteiro Hevia.

La semana pasada, AERC y UTECA también mostraron su malestar con las enmiendas propuestas a la Ley de Propiedad Intelectual.  La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de nuestro país, entre otras, COPE, Onda Cero, Cadena SER, Radio MARCA o Kiss FM, etc. y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa actualmente a  TRECE, Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento) Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, Real Madrid Televisión y DKISS, manifestó su inquietud y disconformidad ante las enmiendas propuestas por la las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Lo que, en principio, no era más que perfeccionar técnicamente la transposición de una Directiva Europea ya realizada el pasado abril en el Real Decreto-Ley ley 2/2018, se convierte con estas enmiendas en una vuelta a los tiempos de los abusos de posición de dominio y en una nueva extensión a favor de las entidades de gestión (sobre todo para las de repertorio musical multinacional discográfico y editorial); rompe los equilibrios, olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización legislativa de la legislación española con la UE.

Las enmiendas presentadas alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión y modifican la actual composición del organismo regulador independiente encargado de fijarlas en caso de conflictos, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). De esta forma, esta Comisión pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión, comportamiento sancionado por las autoridades de competencia y el Tribunal Supremo.

Ambas asociaciones coinciden en que, sin haber dado el mínimo tiempo necesario para que el nuevo sistema se desarrolle y estabilice, en esta tramitación se incorporan cambios muy relevantes que debilitan el modelo y a su organismo regulador y lo que debería limitarse a un perfeccionamiento técnico de un Real Decreto Ley rompe los equilibrios conseguidos y olvida la doctrina y la jurisprudencia de las autoridades de competencia y los tribunales y se convierte en una modificación sustancial del modelo que favorece a las entidades de gestión en contra de todos los usuarios: radio y televisión pública y privada, prensa y demás medios de comunicación, empresas de distribución de contenidos y audiovisual, conciertos y festivales, universidades, hoteles, negocios en internet, restauración y a los productores y emprendedores de la industria cultural y creativa, tecnológica, de las telecomunicaciones, etc.