AERC y UTECA muestran su malestar con las enmiendas propuestas a la Ley de Propiedad Intelectual

Volvemos a los viejos tiempos de abusos de las sociedades de gestión de derechos de autor. Hablamos de organizaciones como la SGAE o AGEDI -que representa a las grandes multinacionales-, que fortalecerán su dominio a través de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual. Las principales cadenas comerciales de radio y televisión alertan en un comunicado conjunto de lo que está pasando...

Debía ser una simple mejora de la Ley de Propiedad Intelectual, adaptándola a las normas europeas, pero las entidades de gestión de derechos de autor la están aprovechando en beneficio propio y en perjuicio de las principales radios y televisiones comerciales y, por tanto, de sus oyentes y espectadores. La ley llega a la Comisión de Cultura del Congreso, donde los grupos políticos han rechazado las alegaciones de los medios de comunicación y, sin embargo, han aceptado a debate aquellas que benefician únicamente a las entidades de gestión. Estamos ante algo inédito: PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos respaldan por ejemplo que la ley cambie para que organizaciones como la SGAE y AGEDI decidan por su cuenta incrementar las tarifas que cobran a radios y televisiones. Es más, los cuatro grupos políticos están de acuerdo en apoyar otra de las propuestas abusivas: en caso de desacuerdo en un pago entre una radio y la SGAE, por ejemplo, el medio de comunicación tendrá que pagar, en cualquier caso, al menos un 70 por ciento de la tarifa impuesta, y hacerlo antes de que la Comisión de Propiedad Intelectual resuelva el conflicto.

En su comunicado, la Asociación Española de Radiodifusión Comercial y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto definen las modificaciones que se avecinan como “una nueva extensión a favor de las entidades de gestión” en contra de todos los usuarios.

La Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC), que reúne a la práctica totalidad de las emisoras de radio comercial de nuestro país, entre otras, COPE, Onda Cero, Cadena SER, Radio MARCA o Kiss FM, etc. y la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), que agrupa actualmente a  TRECE, Mediaset, Atresmedia, Net TV (Grupo Vocento) Veo TV (Unidad Editorial), Secuoya, Real Madrid Televisión y DKISS, ha manifestado su inquietud y disconformidad ante las enmiendas propuestas por la las enmiendas tramitadas por la Comisión de Cultura del Congreso en relación con el Proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. 

Lo que, en principio, no era más que perfeccionar técnicamente la transposición de una Directiva Europea ya realizada el pasado abril en el Real Decreto-Ley ley 2/2018, se convierte con estas enmiendas en una vuelta a los tiempos de los abusos de posición de dominio y en una nueva extensión a favor de las entidades de gestión (sobre todo para las de repertorio musical multinacional discográfico y editorial); rompe los equilibrios, olvida los precedentes tendentes a la equidad y a la proporcionalidad y provoca una nueva desarmonización legislativa de la legislación española con la UE.

Las enmiendas presentadas alteran los criterios fijados para las tarifas generales que aprueban las entidades de gestión y modifican la actual composición del organismo regulador independiente encargado de fijarlas en caso de conflictos, la Sección Primera de la Comisión de Propiedad Intelectual (SPCPI). De esta forma, esta Comisión pierde su capacidad de garantizar unas tarifas que eviten los abusos cometidos en el pasado por las entidades de gestión, comportamiento sancionado por las autoridades de competencia y el Tribunal Supremo.

Ambas asociaciones coinciden en que, sin haber dado el mínimo tiempo necesario para que el nuevo sistema se desarrolle y estabilice, en esta tramitación se incorporan cambios muy relevantes que debilitan el modelo y a su organismo regulador y lo que debería limitarse a un perfeccionamiento técnico de un Real Decreto Ley rompe los equilibrios conseguidos y olvida la doctrina y la jurisprudencia de las autoridades de competencia y los tribunales y se convierte en una modificación sustancial del modelo que favorece a las entidades de gestión en contra de todos los usuarios: radio y televisión pública y privada, prensa y demás medios de comunicación, empresas de distribución de contenidos y audiovisual, conciertos y festivales, universidades, hoteles, negocios en internet, restauración y a los productores y emprendedores de la industria cultural y creativa, tecnológica, de las telecomunicaciones, etc.