UE.- Los 27 acuerdan nuevas normas para proteger los diseños industriales en la UE y adaptarlas a la era digital
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Los ministros de Industria de la Unión Europea han acordado este lunes su posición para renovar las normas de protección de los diseños industriales en el mercado comunitario con dos nuevos textos que actualizan la legislación de hace 20 años y que buscan adaptarla a los desafíos del mundo digital y de la impresión 3D.
La orientación general alcanzada por los Veintisiete proporciona a la presidencia española del Consejo un mandato para iniciar las negociaciones con el Parlamento Europeo, que comenzarán tan pronto como la Eurocámara adopte también su posición al respecto.
La directiva y el reglamento propuestos actualizan la legislación actual, que data de 1998 y 2002 respectivamente, y facilitarán el procedimiento para registrar diseños a nivel de la UE y armonizarán aún más los procedimientos entre los sistemas europeos y nacionales. La directiva también introduce nuevas normas para proteger los diseños que pueden reproducirse mediante impresión 3D.
El principal objetivo de la revisión es armonizar aún más la protección del diseño de piezas de repuesto utilizadas para la reparación de productos complejos, como piezas de carrocería de automóviles, un paso que liberalizará el mercado de repuestos, ofreciendo así precios más bajos para los consumidores.
Esta "cláusula de reparación", que ya incluía la propuesta de la Comisión y que los Veintisiete han acordado mantener, está concebida únicamente para diseños futuros, pero mantendrá, no obstante, la protección de los diseños existentes durante un período de diez años.
Asimismo, los ministros han introducido flexibilidad para que los diseñadores puedan aplazar el momento de publicación de su diseño hasta un máximo de 30 meses, con la posibilidad de que los Estados miembro den a los titulares de los derechos del diseño la opción de detener el aplazamiento cuando lo soliciten o un período de transposición de 36 meses (en lugar de 24) para dar más tiempo a los países de la UE para tomar las medidas necesarias para aplicar la nueva legislación.