El Banco de España apoya el ingreso mínimo vital, pero pide un seguimiento riguroso

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha apoyado la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) porque reducirá la pobreza extrema de colectivos con más dificultad para encontrar empleo, pero ha abogado por un seguimiento y evaluación riguroso de la medida.

Hernández de Cos comparece en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso para explicar las líneas estratégicas que deben adoptarse para afrontar la crisis económica generada por el coronavirus y ha resaltado que la desigualdad que ha motivado es superior al nivel del anterior ciclo expansivo.

"El recientemente aprobado ingreso mínimo vital (IMV) a escala estatal podría contribuir, en coordinación con las políticas autonómicas preexistentes, a reducir el nivel de pobreza extrema de colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral", ha recalcado, al tiempo que ha incidido en que resultará fundamental cómo se aplique esta medida.

Ha señalado que tendrá que venir acompañada de un seguimiento continuo y riguroso de su funcionamiento, de su coste y del grado de consecución de los objetivos perseguidos.

Hernández de Cos ha considerado que conviene vigilar estrechamente la posibilidad de que este instrumento, al ser una transferencia permanente, pueda acabar originando algunos efectos indeseados sobre la capacidad futura de los beneficiarios de generar ingresos laborales.

No obstante, ha valorado que el IMV permita mantener de forma temporal, al menos, una parte de la ayuda una vez que el beneficiario encuentra trabajo.

Seguimiento y control especial

Ha advertido de que otro posible efecto indeseado que merecerá un seguimiento y control especial es que la medida provoque un desplazamiento de algunas actividades económicas a sectores informales.

El gobernador del Banco de España también se ha referido al endurecimiento de las condiciones de acceso al mercado de la vivienda en alquiler y ha aconsejado analizar las experiencias de otros países donde las autoridades públicas han impulsado la oferta disponible de inmuebles en alquiler, en ocasiones, de manera directa y, en otras, por medio de mecanismos basados en incentivos fiscales.

Ha destacado la medida de combinar garantías públicas con incentivos fiscales sobre el sector privado promotor de vivienda en alquiler para favorecer el acceso, en condiciones más ventajosas que las ofrecidas en el mercado libre.

Sin embargo, en cuanto a la medida de intervenir en el control de los precios ha precisado que no ha sido efectiva para atajar el problema de insuficiencia de la oferta de alquiler de manera duradera.

"Si bien las limitaciones de precios pueden ser útiles para aliviar la sobrecarga del alquiler sobre el gasto de los hogares que residen en inmuebles regulados, esta medida no impulsa el necesario incremento de la oferta para absorber el aumento de la demanda y, de ese modo, contener la dinámica de los precios a medio plazo", ha precisado.