Cambios en la opa hostil del BBVA al Sabadell tras la consulta pública: los clientes de los bancos, atentos

Este viernes finaliza el periodo de consulta pública sobre la opa hostil del BBVA al Banco Sabadell, un proceso poco habitual en este tipo de operaciones corporativas y que ha despertado la atención de analistas, accionistas y clientes bancarios. Aunque la consulta no es vinculante, se considera una herramienta clave que el Gobierno ha utilizado para buscar argumentos que refuercen su oposición a la oferta, alegando riesgos para el interés general.

La periodista económica de la Cadena COPE, Marta Ruiz, lo resumía así: “La consulta no es vinculante, pero se tendrá en cuenta, de hecho, Economía ya depura las respuestas que han dado desde ciudadanos particulares hasta asociaciones y organizaciones económicas”. Y añadía un matiz importante: “Algunas critican un formato que permite aportación anónima o con datos falseados”.

En este contexto, el Banco Sabadell ha confirmado que trasladará al Gobierno sus argumentos contrarios a la operación, en base a consideraciones de interés general. Desde el inicio, el Ejecutivo ha observado con recelo la iniciativa del BBVA, y este mecanismo de consulta se interpreta como un movimiento político para legitimar una posible oposición o imposición de condiciones adicionales.

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El proceso tras la consulta

A partir de ahora, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tiene hasta el 27 de mayo para elevar el expediente al Consejo de Ministros. Este órgano deberá pronunciarse en el plazo de un mes y podrá, si lo considera necesario, imponer condiciones adicionales a las que ya dictaminó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que dio su visto bueno inicial a la operación.

Según explicaba Marta Ruiz en antena, si el BBVA logra atraer al menos al 50% de los accionistas del Sabadell, podría plantear la fusión. Y ahí, sí, “el Gobierno podría ejercer su derecho a veto”. Es decir, la operación no está ni mucho menos cerrada. Queda por ver si la presión política, junto a la respuesta de los accionistas, inclina finalmente la balanza hacia la integración o hacia el rechazo.

El economista Javier Santa Cruz advierte, además, que el precio actual ofrecido por el BBVA podría no ser suficiente para convencer a los inversores. “Después de los últimos resultados del primer trimestre y también viendo la evolución de la cotización, tendría que haber una mejora sustancial del precio en dinero en efectivo para poderles convencer de que esa operación tiene sentido”, apuntó en declaraciones a COPE.

Implicaciones para los clientes

Más allá de la batalla entre accionistas, reguladores y Gobierno, los principales afectados en el medio plazo podrían ser los clientes de ambas entidades. Una eventual fusión supondría una concentración bancaria que modificaría la estructura del sistema financiero español, reduciendo competencia y, probablemente, variando las condiciones de productos, servicios o comisiones.

Además, la integración tecnológica y operativa de ambas entidades podría suponer desafíos a corto plazo para usuarios habituales, especialmente los más vulnerables o los menos familiarizados con el entorno digital.

A medida que se acerque el verano, se espera que la operación —o su rechazo— entre en su fase decisiva. El desenlace, en cualquier caso, marcará un antes y un después en el panorama bancario español.