Sumar ha pedido al Gobierno medidas para garantizar que no va a haber despidos en Vodafone después de que el pasado 14 de mayo el fondo de inversión británico Zegona recibiera 'luz verde' del Consejo de Ministros para comprar la empresa por 5.000 millones de euros.

A través de una batería de preguntas parlamentarias registradas en el Congreso, el diputado de los Comunes integrado en el grupo plurinacional, Félix Alonso Cantorné, pregunta en concreto a qué compromisos ha llegado Zegona para la adquisición de Vodafone en materia de empleo, sostenibilidad económica y retorno rápido.

Aunque Zegona se comprometió a mantener los contratos relevantes con la Administración General del Estado y la estabilidad en los activos estratégicos de la compañía, no se ha especificado qué compromisos ha adoptado el fondo en materia de empleo, inversiones, desarrollo y mantenimiento de las infraestructuras.

PREOCUPACIÓN EN LA PLANTILLA

Esto ha provocado una "preocupación importante en la plantilla de Vodafone respecto a su futuro", dice el diputado pues el fondo de inversión se ha hecho con la compañía mediante un "gran endeudamiento y promete retornos rápidos". "Cabe suponer que una de las maneras en que se hacen estos retornos es a causa de la reducción de la plantilla", advierte Alonso en la iniciativa parlamentaria.

De producirse esos recortes de plantilla, añade el diputado, se sumarían a las "constantes reestructuraciones" que ha sufrido la compañía de telecomunicaciones en España, bien sea en forma de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), por fusiones o cambios de modelo comercial y de atención al cliente.

Procesos en los que se han destruido "muchos empleos y es la operadora con menos plantilla", apostilla el diputado, que también alerta sobre el riesgo de convertir la operadora en una de modalidad virtual, pues considera que no aporta ningún valor estratégico al país y destruirá también a una plantilla con un nivel de preparación y con edades en los que "suele resultar difícil" la recolocación.

Por todo ello, el diputado de los comunes por Tarragona pregunta al Ejecutivo qué valoración hace de la operación desde una perspectiva social y si considera que el acuerdo destruirá empleo en la empresa de telecomunicaciones, que es el tercer operador en España, con un 16% de clientes de banda ancha fija y un 22% de clientes de telefonía móvil, según datos de la CNMC de 2024.