Gobierno, Generalitat y agentes sociales abordan la crisis creada por el cierre de la planta de Nissan

La ministra de Industria, Reyes Maroto, se reunirá esta tarde con la consellera de Empresa, Àngels Chacón, y con representantes del Ayuntamiento de Barcelona y los agentes sociales para abordar la crisis de Nissan y acordar próximos pasos para intentar evitar el cierre de la automovilística en Cataluña.

El encuentro tendrá lugar a partir de las 19:00 horas de forma telemática y, además de Maroto y Chacón, participarán en él el presidente de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, y representantes del consistorio barcelonés y de los sindicatos CCOO, UGT y USO-USOC.

El objetivo de la reunión es "reforzar la unidad de acción" de las diferentes administraciones y entidades empresariales y sindicales ante el anuncio de Nissan del cierre en diciembre de las tres plantas que tiene en Barcelona -en la Zona Franca, Montcada i Reixac y Sant Andreu de la Barca-, según han indicado a Efe fuentes del Ministerio de Industria.

Estas tres factorías dan trabajo directo a unas 3.000 personas, aunque el cierre de la multinacional pondría en jaque otros 20.000 empleos indirectos en proveedores y subcontratas.

El encuentro ha de servir para estudiar la situación y acordar una hoja de ruta que permita trabajar para mantener las capacidades productivas y el empleo en Nissan.

Gobierno y Generalitat ya anunciaron hace unos días su intención de reunirse esta semana por Nissan y estudiar si hay alguna posibilidad de evitar el cierre de la compañía japonesa.

Según informes internos de la multinacional, el coste de cerrar las plantas de Nissan en Barcelona alcanza los 1.450 millones de euros, sumando indemnizaciones a personal y proveedores, amortizaciones anticipadas, transferencia de maquinaria y devolución de subvenciones.

En estos informes internos, la compañía reconocería que el coste de cerrar Barcelona tardará en recuperarse casi siete años y que invertir para mantener las plantas habría resultado más barato, con una inyección de recursos de 398 millones y ayudas públicas de 70 millones.