El Gobierno hablará con Cataluña antes de recurrir ante el Constitucional su ley de alquiler

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), José Luis Ábalos, ha asegurado que antes de que el Gobierno decida si recurre al Tribunal Constitucional (TC) la ley catalana que limita el precio de los alquileres se abrirá un "proceso de acuerdo, conversación y negociación" con la Generalitat.

Ábalos ha explicado, en respuesta a una interpelación en el Congreso de la diputada de la CUP Mireia Vehí, que no corresponde a su departamento decidir sobre la constitucionalidad de la ley catalana, sino al Ministerio de Política Territorial y Función Pública que dirige Carolina Darias, y que "siempre" y "previamente a plantear cualquier recurso" se abre un proceso de diálogo.

El parlamento catalán aprobó el pasado septiembre la ley de medidas urgentes para la contención de los alquileres, con el apoyo de JuntsxCat, ERC, Comunes y la CUP, y los votos en contra del PdeCat, PSC, PPC y Ciudadanos.

La ley contiene varios artículos que vulnera competencias estatales, según el Consejo de Garantías Estatutarias -órgano consultivo del Govern-, por lo que sus impulsores temen que el Gobierno de España la lleve al TC.

De aplicación en las 60 ciudades catalanas con más de 20.000 habitantes, la norma permite contener y bajar los precios en las zonas tensionadas, aunque excluye a los arrendadores que ingresen menos de 2.000 euros mensuales.

Mireia Vehí ha llamado a Ábalos a "blindar" la ley catalana y a no esperar a la ley de vivienda estatal para regular los alquileres en toda España, ya que "la situación de las familias es urgente".

También le ha pedido que incorpore los activos inmobiliarios de la Sareb al parque público de vivienda, que prohíba los desahucios en el marco del estado de alarma y que acabe con las socimi (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario), a las que responsabiliza de la falta de vivienda a precios asequibles.

El ministro le ha replicado que "en teoría" no debería plantearse ningún desahucio, porque están suspendidos desde que se decretó el estado de alarma, pero ha apuntado que "tiene que haber algún contrato" de alquiler formado.

Ábalos se ha referido al desalojo esta semana en Carabanchel de una mujer con cuatro hijos y ha explicado que, aunque era una "ocupación" de la vivienda, su departamento se ha interesado por el caso, "porque esa no es la imagen que este país se merece y más con menores".

Ha señalado también que la regulación de los alquileres no puede hacerse en este momento, dado que "nadie sabe cómo está el mercado del alquiler" como consecuencia de la pandemia y que "una medida que afecta a la propiedad privada necesita las garantías de una ley".

"No vale con cualquier decreto; si fuera así, no nos estaríamos planteando la inconstitucionalidad de lo aprobado en Cataluña", ha recordado.