El Gobierno planea la subida del salario mínimo en 2021 a pesar de la división entre los agentes sociales

La CEOE considera que "no es el momento" para planear esta subida, mientras que Yolanda Díaz la defiende como uno de los principales planes de su ministerio

El Gobierno planea la subida del salario mínimo en 2021 a pesar de la división entre los agentes sociales

Javi García

Publicado el - Actualizado

3 min lectura

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue apostando por la subida del salario mínimo interprofesional el próximo año 2021. En estos términos se han pronunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en TVE. La titular de Trabajo no ha optado por dar una cifra, a la espera de una reunión con los sindicatos y las patronales en una mesa de negociación convocada para la próxima semana. "Desde luego, no compartimos una congelación del salario mínimo", opción por la que optó el pasado jueves el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. En este 2020, el salario mínimo interprofesional está situado en 950 euros mensuales.

Díaz ha explicado que la postura del Gobierno es de evolución respecto al SMI. Estas han sido las primeras declaraciones certezas desde el Ministerio del Trabajo respecto a este tema, ya que se ha querido mantener cierta cautela sobre este tema.

Los sindicatos optan por la subida

Por su parte, los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT también han expresado su postura. Desde Comisiones Obreras han afirmado esta semana que el sindicato "no aceptaría" una congelación del indicador que marca el salario más bajo de las personas asalariadas en España, y considera que la subida debería duplicar a la que se aplica a las pensiones y a los salarios públicos, una subida de entorno al 1,5% que colocaría el SMI en 964 euros. Respecto a UGT, su secretario general, Pepe Álvarez, apostó por una subida comprendida en una media de 1.000 euros este 2021.

La patronal cree que "no es el momento" para negociar este asunto

En el otro lado, la CEOE defiende una congelación del SMI este año debido al importante impacto de la crisis del coronavirus, que ha provocado múltiples pérdidas en muchas empresas de nuestro país, incluso algunas se han visto obligadas a cerrar. Por ello, Antonio Garamendi considera que no es el momento de sentarse a negociar estos temas "con la que está cayendo"para muchos empresarios, sobre todo de sectores tan importantes para nuestro país como el turismo o la hostelería.

Desde el Ejecutivo, la ministra Yolanda Díaz ha fundamentado su rechazo a la congelación del SMI con varios puntos. Por un lado ha querido tirar de historia, recordando que "en toda la historia de la democracia" no se ha realizado ninguna congelación del salario mínimo interprofesional salvo en dos ocasiones, algo que no entra en los planes del Gobierno de coalición de Sánchez e Iglesias. Pero otro dato importante es que en toda la historia democrática de España nunca se había subido tanto el salario mínimo como en el año 2019, cuando tras el acuerdo de PSOE y Podemos se incrementó en un 22,3%.

Por otro lado, Díaz ha pedido a los actores que forman parte de esta negociación que miren fuera de nuestras fronteras para ver lo que se está haciendo en otros países de Europa, ya que algunos países de nuestro entorno sí están aplicando subidas. Es el caso de Francia, que prevé un aumento del 1%, y Alemania, que prevé una subida de un 2,7%. Eso sí, España tiene una de las peores cifras de crecimiento y paro de la zona euro, y las previsiones económicas respecto a nuestro país son mucho más negativas que para los otros países citados.

Por último se ha referido a las pensiones, argumentando que ninguna persona entendería que se congelara el SMI cuando se ha aprobado una revalorización de las pensiones de un 0,9% en el año 2021.

En nuestro país, la subida del salario mínimo es competencia del Gobierno. Antes tiene que escuchar a los agentes sociales, pero no tiene obligación de negociar con ellos. Después es el Ministerio de Trabajo el que asciende esta petición al Consejo de Ministros, que es el órgano que tiene que tomar la decisión final. En definitiva, la última palabra la tendrá el presidente del Gobierno.

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