Las familias pobres recibirán entre 341 y 588 euros por hijo al año

Las familias en situación de pobreza severa, es decir con ingresos inferiores al 25 % de la renta considerada "umbral de pobreza" (unos 18.000 euros anuales), percibirán 588 euros por hijo al año, y las que ingresen menos del 50 % de esa renta recibirán 341 euros por cada menor a cargo.

Así lo estable el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019 presentado hoy por el Gobierno que, por primera vez, diferencia entre prestación por hijo para familias en situación de "pobreza" y de "pobreza severa" (antes era la misma para todas las familias en situación de pobreza y estaba fijada en 291 euros anuales por hijo, unos 25 euros al mes).

Con esta nueva calificación el Ejecutivo quiere iniciar el desarrollo del Ingreso Mínimo Vital y calcula que permitirá reducir en un 12 % la pobreza infantil severa, sacando de dicha situación a cerca de 82.000 menores.

En España 2,1 millones de niños menores de 16 años, uno de cada tres, vive en situación de pobreza y, de ellos, 375.000 lo hace en situación de carencia severa, es decir, sin tener garantizada su alimentación o cosas tan básicas como luz o la calefacción o, simplemente, poder ir a un campamento en verano.

El pasado diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió ante el Tercer Sector a "como mínimo" duplicar la actual prestación por hijo a cargo para las familias en situación de pobreza severa después de que un mes antes la mayoría de los grupos parlamentarios respaldasen una proposición no de ley en la que pedían la creación de un Ingreso Mínimo Vital.

En el proyecto de Presupuestos, el Gobierno también detalla el programa presupuestario “Atención a la infancia y a las familias” del Ministerio de Sanidad, con el que pretende dar cumplimiento tanto a la legislación española como a la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas y a los compromisos internacionales adquiridos por España con Naciones Unidas y con la Unión Europea.

Además, el Ejecutivo se ha comprometido a promover programas de apoyo e incremento de la calidad de vida de las familias más vulnerables.

Y lo hará en colaboración con las instituciones de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.