Los expertos no apuestan por el despido restaurativo de Yolanda Díaz: en qué consiste y las consecuencias

Yolanda Díaz quiere recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente, ahora está en los 33 días fruto de la reforma laboral del 2012. Asegura la vicepresidenta de trabajo que "despedir en España sale barato", pero la verdad es que estamos en la media de la UE y lo que sí somos es el país de la OCDE con mayores restricciones a la contratación. Los expertos consultados tampoco apuestan por el despido restaurativo o reparativo que propone Díaz.

Un despido en el que la indemnización se fije en función de la edad, el sexo y la formación del empleado. Establecer un sesgo penalizará en la contratación a quienes sean más caros de despedir. No solo eso, tal y como expone Jesús Lahera, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid: "Más inseguridad jurídica porque no se va a saber la cuantificación de la indemnización en el despido justificado frente a ahora que las dos partes saben perfectamente el cálculo".

Los expertos recuerdan que en 2012 se eliminaron los salarios de tramitación, el derecho a cobrar mientras el juez resolvía el despido, que era lo que realmente lo encarecía y que España está ahora ya en la media Europea. Volver a subir el despido traería mayor rigidez y un freno de las contrataciones en momentos de mayor incertidumbre.

La semana pasada, Díaz aseguró que es necesario eliminar la "perversidad" de la rotación laboral como una "dinámica" y ha denunciado que hay empresas que incluyen los costes por despido en sus previsiones de gasto. Díaz ha aseverado que "no es admisible un mercado de trabajo basado en despidos a precio de saldo", ya que ese despido barato "no fomenta la contratación, sino que fomenta la rotación y la precariedad".

Sentencia pionera

En febrero, el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona ha establecido una indemnización por despido que supera los 33 días por año trabajado, en una sentencia pionera en España que, aunque avala el despido, detecta un perjuicio para el trabajador. En marzo de 2020,la empresa comunicó la extinción del contrato por la caída de las ventas y la cancelación de servicios ocasionado por la crisis del coronavirus, y le abonó la indemnización máxima (33 días), equivalente a 941,78 euros junto con el ?niquito, percibiendo un importe total de 2.766,58 euros.

Aunque el TSJ respalda la decisión de la empresa de despedir a la empleada, considera que la indemnización legal tasada, "que no llega a los 1.000 euros, es claramente insigni?cante", y no compensa el daño producido por la pérdida del puesto de trabajo. Por todo ello, el tribunal condena a la empresa a abonar una cantidad igual al importe de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido, a razón de 68,49 euros diarios brutos, o bien a indemnizarle en la cantidad de 4.435,08 euros, de los que 941,78 ya fueron abonados.